El año que está por terminar resultó duro en el plano económico porque el país se resintió por la crisis internacional, no obstante que las autoridades del país habían dicho que estábamos de cierta manera blindados frente a esa coyuntura. El tal blindaje no sirvió para nada y en cambio sufrimos los embates que para el Gobierno llegaron a materializarse cuando notaron la reducción en los ingresos fiscales.
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Pero como siempre pasa, los problemas y dificultades de unos se convierten en oportunidades y ventajas de otros, aunque se repita aquello de que el sacrificio de la mayoría produce ganancias a unos pocos. El caso es que en Guatemala este año ha sido muy especial porque la seria dificultad que tuvo el Gobierno para llevar recursos frescos a la caja fiscal ha provocado la necesidad de un ajuste tributario que pomposamente presentan como reforma fiscal, no obstante que no pasa de ser una medida desesperada para rellenar el agujero que abrió la falta de previsión de autoridades que no atinaron a prevenir las consecuencias de una crisis que estaba cantada y que proyectó sus primeros efectos serios desde septiembre del 2008 y ni así fue sopesada con propiedad por los técnicos nacionales, ni los que dirigen la política monetaria y crediticia ni, mucho menos, los encargados de formular los presupuestos.
En la mayoría de países del mundo se ha establecido como norma la política de austeridad que implica una racionalización del gasto público para elevar su calidad. En efecto, los planes de estímulo económico demandaron la inyección de recursos frescos a la economía y especialmente al sector financiero para permitir la expansión del crédito, pero ello acompañado de acciones que también demostraran en el sector público un elevado sentido de responsabilidad.
En Guatemala se mantuvo una política que yo considero sana, en el sentido de asistir a las familias más pobres y darles recurso a aquellas que envían a sus hijos a la escuela. No es secreto que en muchas familias de nuestro país los hijos son fuente de ingreso familiar y enviados a trabajar desde muy niños, porque ello permite aportar ingresos siempre necesarios en esas condiciones de extrema pobreza. De suerte que la inversión del Estado para hacer que nuestros niños y jóvenes vayan a la escuela es una buena apuesta y estamos repitiendo un modelo que se ha mostrado eficaz en muchos países de América Latina y que en ciudades como Nueva York ya ha copiado la autoridad local.
Sin embargo, el gran tema de esos programas es la tendencia a utilizarlos políticamente como base para el partido de Gobierno y para impulsar la ya abierta candidatura de la esposa del presidente. Torpemente, sin embargo, el Gobierno se aferra a la negativa a transparentar el gasto, seguramente por razones muy poderosas que todos intuimos, puesto que con ello compromete no sólo el futuro de los programas, sino que también pone en entredicho la ventaja política que pueda representar su implementación.
Pienso que en el futuro político cercano no habrá un candidato que no avale ni ofrezca la continuidad de esos programas de asistencia a los más necesitados, pero también estoy seguro que todos apuntarán a ofrecer más transparencia en el manejo del recurso. De suerte que la idea de quienes hoy quieren pepenar en la pena ajena, puede verse comprometida por la terquedad de ocultar los datos que permitirían asegurar honestidad en el manejo del recurso público. Y mientras sigan emperrados en no cumplir con la fiscalización necesaria, estarán haciendo un daño muy grave a todo el concepto de la cohesión social.