En la guerra contra el crimen organizado, el Estado tiene dos materias pendientes: Una, está relacionada con el lavado de dinero, aunque se haya requisado cuantiosas sumas de dinero en efectivo durante los últimos meses, todaví­a estamos esperando que caiga una red sofisticada de delincuentes, empresarios, banqueros y autoridades involucrados con el blanqueo de recursos económicos de procedencia criminal.

La segunda materia, es descubrimiento, procesamiento y encarcelamiento de polí­ticos en el ejercicio del poder en los tres organismos del Estado (legislativo, judicial y ejecutivo) que ofrecen protección a la delincuencia organizada.  No ha caí­do ni un solo “pez gordo” de la polí­tica ni de la iniciativa privada; para ejemplo, recordemos la denuncia del extinto licenciado Rosenberg respecto al manejo de Banrural.  Es de esperarse que, atenidos a lo flojo de su caracterí­stica gubernamental, se afloje también la intención del gobierno para investigar lo anterior.

    Todos aquellos que piensan que los jurisconsultos que se visten de toga no hacen polí­tica están de verdad equivocados.  Ser Magistrado del organismo judicial, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral, además de los incentivos del salario y las jugosas prestaciones, conlleva un enorme poder e influencia, no sólo en el medio jurí­dico del paí­s, también en el ambiente polí­tico.

    Amén del manejo del importante presupuesto en materia de impartición de justicia, sí­ es que ésta existe.  Debido a eso la carrera para llegar a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia se tornó tan interesante, por decir lo menos; ¿recuerda cuánto tiempo pasó para elegir a un presidente de la CSJ? ¿qué intereses hay detrás de todo ello?  Y ahora con el decurso del proceso electoral, ¿qué se puede esperar de ellos?

    Por ello, es que resulta más que contundente la explicación de por qué no sabemos operar nuestra insí­pida, imberbe y exigua democracia.  Si un error imperdonable tienen las instituciones, es que no supieron reducir de forma paulatina la flama de su poder, lo que hizo que de súbito se le perdiera la reverencia instalando a Guatemala en un real desgobierno con los constantes cambios de ministros de Estado, la aplicación preferencial de la justicia y la omisión de castigo para los millonarios evasores tributarios.

    Lo anterior, derivó en la difí­cil situación para el próximo presidente de la República, cuyo más grande reto será el de recuperar el respeto por la figura presidencial y, tener un equipo operador de mayor estatura polí­tico-cultural que sepa hacer su trabajo.  La devaluación de la figura presidencial,  por sus frecuentes y desafortunadas declaraciones afecta de forma profunda  la credibilidad del equipo gobernante; la burla y el escarnio se hacen muy fáciles.