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Esto ha causado cierta inconformidad en el Grupo Garante o más conocido como el Grupo de los 4 (G4), hacia el gobierno central. De las cuatro entidades que integran el G4, siendo estas la Universidad de San Carlos, Iglesia Católica, Iglesia Evangélica y Procuradurí­a de los Derechos Humanos, sólo la Iglesia Católica ha contemplado abandonar el grupo y que se disuelva, como lo declaró el cardenal Quezada Toruño.

Sin embargo, ¿qué implicarí­a que el Grupo Garante se desintegre? De acuerdo con Nery Rodenas, representante de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), que se desintegre el G4 implica dejar al Estado solo a cargo de los planes de seguridad y esto causarí­a que avancen menos, porque no tendrí­a ningún tipo de control, presión o supervisión de parte de otros sectores de la sociedad.

«El G4 es una garantí­a para supervisar el trabajo del Estado y que los acuerdos de seguridad y justicia puedan avanzar», afirmó Rodenas.

Además expresó que el cardenal Quezada Toruño no ha tomado una decisión definitiva, si abandonan o no el G4 como Iglesia Católica, pero esperan que no tome esa decisión y que las declaraciones que dio sean atendidas como un llamado de atención para que el tema sea abordado más en serio.

Y mientras el Grupo Garante se encuentra en la cuerda floja y el Cardenal aún no toma una decisión, otros de los integrantes del mismo aseguran que este no se disolverá y que las diferencias no son entre ellos y que no hay problemas como para decir que el trabajo conjunto se dejará de hacer.

Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos, afirmó que él no ve como posible la desintegración del G4 y que como instituciones están trabajando adecuadamente.

Las diferencias y las posturas que mantienen son conjuntas y las mismas sin ninguna diferencia y mantienen una constante preocupación en que el acuerdo no avanza, explicó el entrevistado.

Nery Rodenas, representante de la ODHA, coincidió con el Procurador de los Derechos Humanos en que no hay deferencias a lo interno del Grupo Garante y que no ve ninguna posibilidad de que se vaya a desintegrar.

Sin embargo, de acuerdo con Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo, al descubrir el G4 que está siendo engañado por el Estado van a terminar disolviéndose ya que su trabajo está siendo desperdiciado.

Morales detalló que no observan un avance concreto de los acuerdos en seguridad y justicia, y expresó que los verdaderos avances comenzarán hasta que se integre la comisión de refundación y depuración de la Policí­a Nacional Civil, porque piensan que este es el punto medular para iniciar el proceso de implementación del acuerdo.

Dicho proceso se encuentra detenido y es uno de los aspectos que más les preocupa como G4, afirmó Morales, y atribuyó la responsabilidad al Gobierno central, ya que ellos han cumplido con lo que tení­an que hacer y esperan que el Gobierno haga lo que hasta la fecha no ha hecho, «cumplir con su papel dentro del acuerdo».

Por su parte Nery Rodenas, de la ODHA, expresó que delimitar responsabilidades sobre por qué no se ha avanzado en el tema, no les parece tan importante, ya que son varios factores los que influyen en esta situación y depende de todos los involucrados en el proceso.

Aseguró que otro aspecto que les preocupa como G4 es la falta de presupuesto y que no vaya a alcanzar para poder implementar todo lo que dice en el acuerdo y cumplir los 101 acuerdos firmados hace ya varios meses.

«Creemos nosotros que es necesario mayor cercaní­a y mayor compromiso de los tres poderes del Estado e incluyendo al Ministerio Público para poder avanzar en el tema», afirmó Rodenas.

Explicó que la voluntad la pueden tener en el Estado, pero no hay recursos necesarios para trabajar en el tema y hacen falta consensos.

Rodenas afirmó que la importancia de la integración del G4 radica en que integran dos unidades, la unidad de seguimiento y la de verificación, con lo que mantienen cierta presión al Estado y cierta fiscalización para que se vaya avanzando en el cumplimiento de los acuerdos.

Sin embargo, la población guatemalteca continúa solicitando justicia y seguridad ante los 330 muertos aproximadamente, que según el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), se reportan al mes.

Los í­ndices delincuenciales parecen no bajar y el deseo de muchos guatemaltecos de tener un paí­s seguro y con menos delincuencia parece haber quedado únicamente impreso en las hojas del Acuerdo para el Avance en Seguridad y Justicia, firmado exactamente hace 8 meses.

Sólo en 11 meses de este año 2009 fueron superadas las cifras totales de muertes violentas reportadas en el transcurso de los años 2007 y 2008, llegando a la cifra de 3 mil 615 asesinado en todo el paí­s.

En el presente año ha sido marcada la violencia hacia las féminas y hasta el mes de noviembre fueron asesinadas 457 de manera violenta, siendo las zonas 18, 12 y 6 las más peligrosas y en donde más hechos delictivos se reportan.

Otro de los sectores que ha sido altamente golpeados por la violencia, es el de los pilotos de buses urbanos y extraurbanos, donde las cifras llegan a 138 en lo que va del año y para tratar de mitigar esto los empresarios del transporte han contratado agentes de seguridad privada para el resguardo de las unidades, quienes se han convertido en la segunda profesión más peligrosa en el territorio nacional, asesinando sólo durante el mes de noviembre a 14 y en total en lo que va del año 72.

Para Mario Polanco, representante del GAM, el Gobierno no ha demostrado el interés y la voluntad necesarios para avanzar en el tema de seguridad y además ha mostrado una total incapacidad para garantizar la seguridad de la ciudadaní­a y ha demostrado que no tiene ningún plan de seguridad y que están improvisando.

«La propuesta es buena, es una propuesta concreta, aplicable, pero de parte del Gobierno no hay ningún tipo de voluntad por llevarla a la práctica», afirmó Polanco.

Por su parte Sandino Asturias, analista en temas de seguridad del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), expresó que aparte de hacer falta la voluntad polí­tica, hace falta el recurso económico para poder avanzar en los planes, ya que no se puede hacer mayor cosa sin presupuesto.

Explicó que el acuerdo de seguridad y justicia es un buen camino para retomar el rumbo de los Acuerdos de Paz, que se perdió hace ya varios años atrás; sin embargo, ven que hace falta una verdadera voluntad y compromiso del Estado, y hace falta asignar los recursos suficientes para que las diferentes dependencias cumplan con la parte que les corresponde en el Acuerdo Nacional.

Al respecto del Grupo Garante, Asturias resaltó la importancia de la participación del mismo, ya que buena parte de los compromisos adquiridos con la firma del acuerdo son propuestas realizadas por dicho grupo.

«Es importante que el G4 realice su labor de garantizar y monitorear que el acuerdo tenga el espí­ritu para el cual fue firmado», aseveró el entrevistado.

En este sentido, Mario Polanco, del GAM, afirmó que la labor del G4 para supervisar que los acuerdos se cumplan ha sido buena, pero que también han sido engañados y han jugado con la buena voluntad de esas instituciones.

Otro tema que fue resaltado por Asturias, es la importancia de la auditoria social y la participación de la sociedad civil en la fiscalización y el monitoreo del cumplimiento del acuerdo.

«Todos los actores sociales que puedan tener participación además del Grupo Garante también son importantes», aseguró el analista.

Agregó que de desintegrarse el G4, serí­a una lástima porque son actores sociales muy importantes y son un grupo idóneo para seguir adelante, «sin embargo también reconozco que hay una independencia de cada entidad sobre qué hacer», afirmó el entrevistado.

De acuerdo con el entrevistado, la secretarí­a técnica del acuerdo sí­ lo está impulsando, pero no ven una colaboración de las demás instituciones que tienen que jugar un papel importante dentro del mismo.