Guatemala cuenta desde hace unos años con el activo apoyo de la comunidad internacional para mejorar su sistema judicial y acabar con la impunidad, pero la desconfianza hacia la Policí­a y los tribunales induce todaví­a a muchos guatemaltecos a aplicar justicia con su propia mano.

En las últimas dos semanas nueve presuntos delincuentes fueron linchados por turbas iracundas, una práctica común en poblados de un paí­s que intenta consolidar sus instituciones democráticas tras poner fin en 1996 a una cruenta y larga guerra civil.

Este año 42 presuntos delincuentes han muerto a manos de turbas que se toman la justicia en sus manos, más del doble que el año pasado (17), según datos del poder judicial y la policí­a.

Otros 210 lograron sobrevivir a las golpizas o fueron rescatados por la policí­a.

«Los linchamientos tienen un efecto terrible para el paí­s porque nos da una imagen de barbarie a nivel internacional y de un no Estado, es decir, que somos incapaces de vivir con normas y en estado de derecho», dijo el director de la organización indí­gena Naleb, el politólogo ílvaro Pop.

El lunes, campesinos de Santiago Chimaltenango, una pequeña aldea del norte del paí­s fronteriza con México, lapidaron a un hombre al que acusaban de haber participado en un secuestro.

Un dí­a antes, una turba linchó a otro hombre y arremetió contra la policí­a, destruyendo un cuartel y cuatro autopatrullas en Panajachel, a orillas del lago Atitlán, uno de los principales centros turí­sticos del paí­s.

Tres mujeres, entre ellas dos hermanas, sobrevivieron al ataque de la muchedumbre al ser rescatadas por la policí­a, que lanzó gases lacrimógenos para contener a la multitud.

Pop afirma que los linchamientos son consecuencia de «un cúmulo de sentimientos económicos, sociales y de seguridad», que lleva a muchas personas a buscar una «venganza» inmediata cuando atrapan a un presunto delincuente.

«Es una manifestación que se ha acumulado y ejecutan una venganza, mas lo ven como un acto de justicia», aseguró.

Pop cree que las noticias de los ajusticiamientos merman la llegada de turistas y desincentivan la inversión extranjera, frenando el mejoramiento de las condiciones de vida en un paí­s donde la mayor parte de la población vive en la pobreza, diagnóstico que es compartido por la Cámara de Turismo.

«Un lugar, para considerarse competitivo a nivel mundial (en turismo), debe ser seguro, donde los derechos humanos se respeten, el medio ambiente sea amigable y cumpla con los requisitos», dijo el presidente de la Cámara, Mariano Beltranena.

En septiembre de 2007 comenzó el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada por Naciones Unidas para ayudar a desmantelar los aparatos clandestinos incrustados en el Estado guatemalteco y reducir la cifra de crí­menes que quedan sin castigo, que llega a 98%.

Desde entonces la CICIG ha tenido un activo papel en la investigación de asesinatos que causaron gran conmoción, y en la investigación y denuncia de funcionarios corruptos.

Sin embargo, muchos guatemaltecos siguen desconfiando de la justicia y no dudan en castigar a los delincuentes con su propia mano.

«Los linchamientos son un reflejo de la desconfianza en la Policí­a, el Ministerio Público y el Organismo (Poder) Judicial», dijo Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo, una entidad de derechos humanos.