El Ministerio de Gobernación dispuso declarar como datos reservados, no afectos a la Ley de Acceso a la Información, todo lo relacionado con el despliegue de las fuerzas de policía y lo que tiene que ver con las compras y calidad del armamento. La razón que dio el ministro es que no pueden dar ese tipo de datos al público porque el crimen organizado se aprovecharía para establecer cuáles son los puntos vulnerables.
Evidentemente el Ministro de Gobernación no sabe que el crimen organizado sí usa la inteligencia y conoce al dedillo y perfección no sólo la ubicación sino hasta los últimos movimientos de las fuerzas de seguridad, porque las tiene penetradas en distintos niveles y por lo tanto conoce también qué tipo de armamento utilizan, cuál está en cada una de las comisarías de todo el país y hasta las debilidades producto de la corrupción, como los chalecos que no servían porque la compra fue amañada.
Que el Gobierno no use la inteligencia para conocer los movimientos y conformación del crimen organizado no quiere decir que los delincuentes no tengan sus peones adentro de las instituciones públicas, léase Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Tribunales, Fuerzas Armadas y servicios de inteligencia civil y militar. De suerte que el argumento para declarar secretas las informaciones es totalmente baladí e inaceptable, porque está demostrado que los mandos policiales están penetrados por las diferentes bandas.
¿Cómo se explica el ciudadano que con detalles tan precisos como los que hoy publica Siglo XXI sobre los crímenes cotidianos cometidos en el sur de la ciudad la PNC no haga nada para proteger a los ciudadanos? Simplemente porque tienen complicidad con los delincuentes que se desplazan con toda tranquilidad por calles y avenidas, asaltando sin temor a los parroquianos. ¿Por qué los implicados en la autoría material del caso Rosenberg estaban tan tranquilos pese al revuelo del crimen que cometieron? Porque entre ellos había policías de alta y miembros de fuerzas de seguridad que gozaban de impunidad.
En cualquier lugar del mundo se rinde cuentas y se sabe cuántos policías hay en un poblado, grande o pequeño, sin que eso se convierta en secreto. En cualquier lugar del mundo las compras de armas y equipo para los policías son públicas porque son operaciones que deben ser fiscalizadas por la población dado el riesgo de que mediante comisiones y mordidas se termine comprando equipo deficiente, como los chalecos antibalas que no servían para un carajo y que fueron comprados por ese mismo ministerio poniendo en riesgo la vida de los agentes. Obviamente, otra muestra de que no hay inteligencia, ni para recabar información ni natural para entender las cosas.