Hoy el presidente Colom dijo que los enemigos de Mi Familia Progresa y de los programas de Cohesión Social son los que están exigiendo la divulgación de los datos de los beneficiarios de ese programa, sin precisar quiénes son los que están tratando de destruir esas acciones sociales que realiza su gobierno.
Nosotros sostenemos que el principal enemigo de Cohesión Social, en su conjunto, es la falta de transparencia o las dudas que puedan existir sobre el manejo de los recursos del Estado. La Hora ha reiterado que precisamente para preservar programas que tienen enorme importancia por las condiciones vulnerables de millones de guatemaltecos que viven en pobreza y requieren de la asistencia del Estado para ir mejorando su condición, es imprescindible que exista la más absoluta transparencia, precisamente porque el empecinamiento en ocultar datos enturbia todo y deja abierto el camino para que se cuestione la honestidad en el uso de los recursos.
La controversia actual es contra la Corte de Constitucionalidad porque el gobierno considera impropio «revelar nombres y direcciones de los beneficiarios» por razones de «seguridad y para evitar la manipulación política de los beneficiados». Sin embargo, es importante precisar que la resolución de la CC obliga a dar los detalles a los órganos contralores que tienen el mandato constitucional de auditar las cuentas. En otras palabras, no se trata de divulgar públicamente esos datos, sino que únicamente de entregarlos a la Contraloría General de la Nación para que pueda auditar la forma en que se están utilizando los recursos públicos.
La Constitución no establece excepciones para el mandato que obliga a la Contraloría a fiscalizar hasta el último centavo que se gaste. En ningún lado dice que no tendrá acceso a datos cuando se trate de particulares para protegerles su privacidad, o para no ponerlos en riesgo, o para impedir que sea politizada la información. La Constitución claramente establece que toda erogación del Estado tiene que ser auditada por la Contraloría de Cuentas y, por supuesto, eso significa conocer el detalle de los gastos y los beneficiarios de cualquier programa.
No entender la claridad del mandato constitucional huele feo porque no hay nadie tan torpe como para no entender un muy preciso artículo de la Constitución. Y, repetimos, no hay peor enemigo de Cohesión Social y de Mi Familia Progresa que la falta de absoluta transparencia porque la turbidez que pueda generar la forma en que manejan los programas es lo que los convierte en blanco de ataques que no tendrían fundamento si hubiera absoluta transparencia.