El gobierno estadounidense indicó ayer que empezará a regular las emisiones de dióxido de carbono, tras clasificarlas como dañinas para la salud pública, esquivando a un Congreso dividido y dando una señal para estimular las negociaciones sobre el clima en Copenhague.
La decisión prepara el camino para que la Agencia de protección ambiental (EPA) establezca los estándares sobre cuánto dióxido de carbono pueden emitir las fábricas, edificios y automóviles estadounidenses, pese a que el Congreso aún debe pronunciarse sobre una ley al respecto.
La directora de la agencia Lisa Jackson firmó decisiones que declaran a seis gases de efecto invernadero -dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre- como amenaza a la salud pública bajo la reglamentación denominada Clean Clear Act, lo que los hace objeto de la regulación gubernamental.
La EPA está «ahora autorizada y obligada a realizar esfuerzos razonables» para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, indicó en una conferencia de prensa.
«Hay pasos razonables y de sentido común», explicó. «Significa que llegamos a las negociaciones sobre el clima en Copenhague con una clara demostración de nuestro compromiso para enfrentar este desafío global».
«Estas conclusiones esperadas desde hace tiempo consolidan el lugar de 2009 en la historia como el año en el que el gobierno de Estados Unidos comenzó a enfrentar el desafío de la contaminación de los gases de efecto invernadero y a asumir la oportunidad de realizar una reforma a una energía limpia», indicó Jackson.
Explicó que la decisión tendrá solo un efecto inmediato: Estados Unidos finalizará sus primeros estándares nacionales sobre las emisiones de CO2 por parte de camionetas livianas.
Pero le da al presidente Barack Obama, que viajará a la cumbre de 192 países en Copenhague la semana próxima, un mayor respaldo para las promesas estadounidenses sobre emisiones, pese a que el Congreso demore la aprobación de la ley sobre el tema.
La decisión de la EPA es la culminación de estudios gubernamentales desde abril de 2007, cuando cinco de nueve jueces de la Suprema Corte concordaron en que el dióxido de carbono era un gas contaminante según la Clean Air Act.
«Es una señal de la administración que está por viajar a Copenhague de que tenemos cosas en marcha en el Congreso pero que no vamos a esperar por ellas» para actuar, indicó Joe Mendelson, de la federación National Wildlife, una asociación estadounidense que respalda la lucha contra el calentamiento global,
«Dice que tenemos nuestra autoridad, la Corte Suprema nos la dio, y la vamos a usar», añadió.
La decisión ya encontró la feroz resistencia de parte de los líderes empresarios y muchos legisladores del opositor Partido Republicano.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos teme que las empresas sean objeto de nuevas reglamentaciones en un momento de incertidumbre económica.