Tropas filipinas se enfrentaron hoy a milicianos partidarios del gobernador Andal Ampatuan, implicado en una brutal matanza en la provincia de Maguindanao, donde el gobierno declaró la ley marcial, indicaron fuentes oficiales.
Mas de 3.000 hombres armados del clan Ampatuan -acusado del asesinato el 23 de noviembre de 57 políticos y periodistas-, son operativos en Maguindanao y representan un amenaza para la seguridad, según esas fuentes.
«Ha habido tiroteos entre esos grupos y la policía nacional filipina. Los combates siguen actualmente», afirmó el ministro de Interior Ronaldo Puno.
El general Jesús Verzosa, jefe de la policía nacional, dijo que también hubo enfrentamientos armados el domingo por la noche en el municipio de Datu Unsay.
Los policías fueron atacados mientras patrullaban en busca de armas ilegales.
«Les dispararon y hubo un tiroteo. Al no poder dejar sus posiciones, tuvieron que pedir refuerzos», explicó Verzosa.
La provincia de Maguindanao fue colocada el sábado bajo régimen de ley marcial, justificado según el gobierno por el riesgo de rebelión tras la detención de su gobernador, Andal Ampatuan.
El clan de Ampatuan, que dirige la provincia desde 2001, es sospechoso de haber perpetrado la matanza de noviembre. Entre las 57 víctimas había numerosos partidarios de un rival político de Ampatuan y periodistas.
Andal Ampatuan Jr, uno de los hijos del gobernador, también fue detenido y acusado de 25 asesinatos.
La matanza está relacionada, según las investigaciones, a las rivalidades entre clanes para controlar la provincia, donde se prevén elecciones en 2010.
La familia Ampatuan pudo mantener un ejército privado porque el gobierno lo utilizó para que ayudara a reprimir una rebelión separatista musulmana que causó 150.000 muertos desde los años 70, según el general Raymundo Ferrer, quien ha sido nombrado administrador de Maguindanao bajo la ley marcial.
«El problema es que los milicianos escaparon al control del gobierno. La familia los ha dirigido y los ha utilizado para acciones delictivas», explicó.
Es la primera vez que la ley marcial se aplica en Filipinas desde la dictadura de Ferdinand Marcos. El país entero fue colocado bajo ley marcial entre 1972 y 1981.
El parlamento filipino debe decidir el martes si se mantiene la ley marcial, según el presidente del Senado, Juan Ponce Enrile.
La ley marcial, que según la actual legislación puede ser impuesta por un máximo de dos meses, será levantada en cuanto sea posible, afirmó un portavoz de la presidenta filipina, Gloria Arroyo.
La oposición consideró que la instauración de la ley marcial era injustificada y expresó el temor de que pueda extenderse a otras regiones, cuando se acerca en Filipinas la elección presidencial de mayo de 2010.