La noche del jueves pasado, el Tribunal de Chiquimula emitió la primera sentencia contra un militar de alto rango, coronel Marco Antonio Sánchez Samayoa, por el delito de desaparición forzada, además de sentenciar a tres ex comisionados militares. El delito: desaparición forzada de 8 integrantes de una familia en El Jute, Chiquimula, el 19 de octubre de 1981.

Veintiocho años después triunfó la justicia para uno de los miles de casos de desaparición forzada y otros delitos de lesa humanidad, cometidos por el ejército de Guatemala en los años sucios de la guerra.

Y a 27 años de ejecutada la operación militar contrainsurgente, conocida con el nombre de «Plan Sofí­a», bajo la responsabilidad del militar y actual diputado al Congreso de la República, Efraí­n Rí­os Montt, exigimos justicia.

De acuerdo con el plan original, la mira de la ofensiva era llevar a cabo «operaciones contrasubversivas y psicológicas en el área de operaciones de la Fuerza de Tarea Gumarcaj» para «exterminar a los elementos subversivos en el área».

El archivo, que contiene 359 hojas, incluye la orden inicial para realizar la ofensiva, el plan de operaciones, mensajes entre las unidades, informes de los resultados, hasta reportes de patrullas escritos a mano. Esta documentación permite identificar toda la cadena de mando, hasta llegar a los máximos responsables: el entonces Presidente, Comandante General del Ejército y Ministro de la Defensa Nacional, Efraí­n Rí­os Montt y el también entonces viceministro de la Defensa Nacional, í“scar Humberto Mejí­a Ví­ctores.

Es de vital importancia resaltar que las acciones desarrolladas por los soldados del ejército, eran la muestra directa de las órdenes que recibí­an de sus superiores militares, y estos últimos a su vez, no solamente dieron las órdenes de los asesinatos, sino llevaban un control absoluto de lo que sucedí­a.

Cada uno de los detalles del Plan Sofí­a documentados por los oficiales del ejército, fueron recibidos por la sede de la ofensiva en Nebaj, El Quiché. Esta era enviada a la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército en la Ciudad Capital, correspondiente al turno de Rí­os Montt y Mejí­a Ví­ctores.

La documentación contiene los detalles de la matanza de hombres, mujeres y niños, desarmados; destrucción de cultivos y quema de casas, robo de animales y bombardeo aéreo ante el escape de las ví­ctimas.

En España existe un proceso contra Rí­os Montt y uno en Guatemala; las pruebas que lo responsabilizan de la autorí­a intelectual de los actos anteriormente mencionados, son más que obvias.

Luego de ver con claridad la responsabilidad de Efraí­n Rí­os Montt en las masacres realizadas contra la población indí­gena, entre 1982 y 1983, nada tendrí­an que esperan los nuevos magistrados de justicia para aplicar juicio y castigo.

Aunque los familiares de los desaparecidos de El Jute temen represalias tras la sentencia, el próximo lunes deberán declarar contra los máximos responsables: los militares Benedicto Lucas Garcí­a, jefe del Estado Mayor de la Defensa, y íngel Aní­bal Guevara, ex ministro de la Defensa Nacional, en el año de la desaparición.

Ante las atrocidades cometidas por el ejército nacional, ¿será que no lucharemos con toda el alma para derribar el muro de la impunidad?