El abogado Hiram Sosa, miembro del Frente Nacional de Lucha, habí­a logrado que la Corte de Constitucionalidad lo amparara parcialmente para que se repitiera el proceso de postulación de candidatos a dirigir la Defensa Pública Penal, debido a que habí­a supuestas anomalí­as, sobre todo porque no se apegaron a la reciente Ley de Comisiones de Postulación.

Sin embargo, más adelante la Corte de Constitucionalidad denegó el recurso, por lo que el proceso quedó vigente. Pese a este aval del ente de defensa de la Carta Magna, aún no se ha realizado la elección y la Defensa Pública está dirigida interinamente. Asimismo, se avaló que la «terna» estuviera compuesta sólo por dos candidatos, ya que hubo un vací­o legal ante la renuncia a su candidatura de Blanca Aí­da Stalling, quien se desempeñó como directora de la institución en el perí­odo que recién concluyó.

Ante la negativa del máximo órgano jurisdiccional de Guatemala, Sosa ha acudido a la Corte Centroamericana de Justicia para que se resuelva por este caso.

– La Hora: ¿Cuáles son los vicios que se evidencian en las elecciones de postulados?

– Hiram Sosa Castañeda: Lo que vino a variar toda la situación tanto para la Defensa Pública como el sistema de justicia en términos generales, fue la muerte del licenciado Rodrigo Rosenberg y como consecuencia la entrada en vigencia de la Ley de Comisiones de Postulación. Anteriormente a dicha ley, que entró en vigencia el cuatro de junio del año en curso, de acuerdo al artí­culo 28 inciso «a» de la ley de la Defensa Pública Penal, quien elegí­a a la terna para el cargo de Director era el Consejo de la Defensa Pública Penal. Sin embargo, con la vigencia de la ley debió haberse constituido en Comisión de Postulación. Los miembros del Consejo, en su primera sesión, que fue el cinco de junio, un dí­a después de la vigencia de esa ley, hicieron caso omiso de esa normativa y se autonombraron Comisión de Postulación, sin haber tenido como plataforma para constituirse una convocatoria del Congreso, primer paso que se debió haber llevado a cabo para constituir la Comisión de Postulación y no lo hizo. Desde ahí­ arranca el vicio y aprovechándose de esa laguna el Consejo ya no integró la Comisión y se autonombraron, por lo cual todo lo que se llevó a cabo en esa oportunidad fue en fraude de ley.

– L.H.: ¿Por qué la CC no analizó estos vicios?

– H.S.: Sentimos, como abogados del Frente por la Dignidad Nacional, que realmente este proceso ya no es un asunto puramente legal sino que también tiene un trasfondo de intereses de grupos de presión y entonces el problema que se da en estas interpretaciones de la ley, es que los jueces y magistrados que van a resolver el fondo del asunto están pensando en una reelección. Ya no son libres para emitir opiniones sino que dependen de los grupos que los incluyen en las listas que van a ser analizadas por las Comisiones de Postulación y por el Congreso posteriormente para su nombramiento, ese es principalmente el problema. Ellos, conocimiento jurí­dico de las anomalí­as lo tienen, lo que no hacen es aplicar la ley por esos intereses de sus cargos.

– L.H.: ¿Y cuál es el interés del Frente por la Dignidad Nacional para continuar peleando por este caso?

– H.S.: Nosotros escuchamos y vivimos la situación de delincuencia, que en nuestro paí­s cada dí­a es peor. Hay un clamor popular que este paí­s lo primero que necesita es justicia, se necesita un refresco de abogados que vengan con ideas diferentes, a proponer soluciones de largo plazo que enmienden la situación actual de aplicación de la ley.

– L.H.: ¿Cuál es el papel que juegan los grupos de interés en este caso? ¿Es decir, quiénes están detrás de que el proceso haya sido, primero, oscuro, y luego que no se haya resuelto?

– H.S.: En la elección del Colegio de Abogados para los cargos que escogen a los jueces únicamente hay abogados que son egresados en su mayorí­a de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y de las universidades privadas es muy difí­cil que participen en este tipo de eventos; nuestra opinión es que debe fortalecerse ese refresco porque actualmente hay un marco más o menos de 5 mil abogados que participan en tres grupos diferentes, «Convergencia», «Justicia para el cambio», «Alianza para el derecho», pero siempre son los mismos, ese nivel de 5 mil nunca sube ni baja, se mantiene y somos al dí­a de hoy arriba de 12 mil abogados.

– L.H.: ¿Por qué llegar hasta Managua, Nicaragua, por el caso IDPP? ¿Qué justificaciones legales se presentarán?

– H.S.: Acudimos a la Corte Centroamericana de Justicia en vista que el fallo que la Corte de Constitucionalidad emitió en la acción de inconstitucionalidad general total que se planteó en contra la constitución de la Comisión de Postulación de la Defensa Pública Penal es una monstruosidad jurí­dica. Es un mecanismo que no está previsto en la Ley de Amparo. Consideramos que el voto razonado del licenciado Luna Villacorta está fundamentado en ley, igual que el voto razonado del licenciado Juan Francisco Flores Juárez, ellos indican que dicho proceder no está contemplado en la ley.

Otra situación que empobrece el fundamento de esas resoluciones es que en un mismo expediente se constituyen tres y hasta cuatro cortes diferentes por medio del sorteo que efectúa ahí­, que a nadie le consta realmente si se llevan a cabo. Luego nos sorprende que por ejemplo todos los magistrados que votaron a favor, ninguno de ellos participó en esa segunda resolución. Vemos que ya son intereses extrajurí­dicos los que se sienten en la Corte cuando se toman esas decisiones, por ese motivo nos vemos obligados a acudir a un ente internacional haciendo ver todos los vicios que se han fraguado en este procedimiento, desde que se inició el proceso de convocatoria, los recursos administrativos, los amparos planteados, los ocursos de queja que se tramitaron y que siempre prevaleció el interés de esos grupos que prácticamente mantienen controlado el sistema de justicia en este paí­s.

– L.H.: ¿Tomaron en cuenta que ir hasta la Corte Centroamericana de Justicia podrí­a tardar meses?

– H.S.: Tomamos en cuenta eso y que tiene un costo económico. Nosotros no somos financiados por grupos de presión, ni por grupos de interés, sino tenemos muchos años de ejercer la profesión y no estamos fanatizados para llegar al cargo porque ahí­ vamos a hacer una carrera. Más bien sentimos que nos quedan pocos años de ejercicio profesional y ganar o no este procedimiento no nos va a causar ningún efecto económico o particular, lo hacemos por ese clamor que hay del pueblo que se necesita un cambio tanto en la seguridad como en la justicia, sobre todo porque tenemos hijos pequeños que vienen atrás de nosotros y que estamos interesados en ver qué tipo de paí­s les vamos a heredar, no estamos de acuerdo en que solo porque unos cuantos se están privilegiando con negociaciones fraudulentas, todo el paí­s tenga que pagar las consecuencias.

– L.H.: Usted ha mencionado que el Colegio de Abogados pone en práctica el «dejar hacer, dejar pasar». ¿Cómo queda el Colegio de Abogados en este caso?

– H.S.: Nos preocupa la situación del Colegio, anteriormente mantení­a una actitud atenta de la realidad nacional, como expertos en el conocimiento del Derecho estaban pendientes que las decisiones que se tomaran a nivel legislativo a nivel jurí­dico estuviesen con una plataforma legal que permitieran la validez de las decisiones que se estaban tomando constantemente. Sin embargo con el transcurso del tiempo la elección de la Junta Directiva ha tomado una importancia fundamental, puesto que quien maneja el Colegio de Abogados prácticamente maneja las Comisiones de Postulación y posteriormente la elección de los jueces, magistrados y todos los cargos en que el Colegio tiene injerencia. Por esa razón grupos poderosos han cooptado las elecciones de ese cuerpo colegiado financiando diversas actividades que se requieran para poder ganar la elección, como es hacer una campaña a nivel nacional de visitas a abogados, desayunos, cenas, seminarios para dar a conocer la plataforma y ese financiamiento provoca compromisos que posteriormente cuando es electa la Junta Directiva, deben adaptarse a las decisiones que toma la cúpula.

– L.H.: Sólo en este caso el Colegio de Abogados ha jugado una posición ambigua. ¿O habrí­a que denunciar otras cosas?

– H.S.: No sólo el Colegio de Abogados, en el caso particular de la Defensa Pública, nos preocupa el hecho que los decanos de las facultades de Derecho que por omisión avalan esas anomalí­as que se han dado, porque ello supuestamente como ejemplo de sus estudiantes deberí­an velar por la transparencia de la normativa que se aplica en este paí­s. Sin embargo nunca hemos oí­do a los decanos con su opinión respecto a la realidad nacional.

La Corte Suprema de Justicia se preocupa nada más de las situaciones internas de la Corte y no lo que tiene que ver con el pueblo. En el caso del Procurador de los Derechos Humanos en ningún momento ha dado alguna opinión sino que ha delegado las decisiones. En el caso de la CICIG tengo las copias de los memoriales que se le presentaron al doctor Carlos Castresana, para que por lo menos nos diera una audiencia y plantearle a él lo que estaba sucediendo, pero también hizo caso omiso. El IDPP pareciera que no tiene mayor incidencia polí­tica en la vida del paí­s. Es decir, sólo deberí­a existir para aquellas personas que no pueden pagarse un abogado. Entonces, ¿Por qué tanto revuelo?

– L.H.: ¿Qué tanta importancia representa el IDPP para la vida jurí­dica del paí­s?

– H.S.: Desde el punto de vista procesal, de acuerdo al artí­culo 12 y 20 del Código Procesal, la legí­tima defensa de los sujetos procesales es fundamental, no puede haber un proceso penal si únicamente hay un juez y un Ministerio Público. En el caso particular del porqué se le da importancia, supuestamente la defensa pública deberí­a darle atención a ciudadanos de escasos recursos económicos, sin embargo en la práctica no es así­ porque el Instituto les brinda ese servicio a personas que tienen capacidad económica, solo que lo hacen debajo de la mesa. Tiene el caso del señor Girón de Mercado de Futuros que está acusado del desví­o de Q82 millones al Congreso de la República y la defensa pública le está haciendo la asesorí­a jurí­dica, entonces si esos Q82 millones no aparecen, ¿será que él tiene o no tiene recursos?

– L. H.: ¿Por qué se volvió tan codiciado dirigir esa institución, si antes casi nadie querí­a hacerse cargo?

– H.S.: Precisamente por todo lo que dije.

– L.H.: En los últimos años, el IDPP ha tenido que defender personas del crimen organizado: narcos, sicarios, lí­deres de clicas de maras ¿influye esto, a favor o en contra, para aceptar la dirigencia de la Defensa Pública Penal?

– H.S.: Lógicamente esa situación no se puede criticar, en el sentido que los sujetos mencionados tienen derecho a defensa porque en Guatemala toda persona es inocente, supuestamente, mientras no se le pruebe lo contrario y que haya una sentencia debidamente ejecutoriada. En ese sentido sí­ estamos claros que la Defensa Pública Penal sí­ tiene que hacer esa cobertura a nivel nacional. El denominador común es que deben ser personas de escasos recursos económicos, lamentablemente ese servicio se le presta a personas que cometen esos ilí­citos, pero que tienen recursos para contratar una defensa privada, sin embargo lo hacen por medio de la Defensa Pública Penal y no sabemos qué ocurre tras bambalinas, ese es el problema.