La minería de metales a cielo abierto es una explotación no sustentable que beneficia exclusivamente a las compañías transnacionales que la ejecutan, afirman los ecologistas; sin embargo, para los empresarios podría ser una salida económica sustentable para el país.
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Uno de los puntos más difíciles de aceptar es la contribución de la minería al crecimiento o desarrollo económico y según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la minería contribuye al Producto Interno Bruto (PIB), a la producción, a la generación de empleos y salarios, a la inversión, al comercio exterior y a los ingresos fiscales.
Guatemala se está convirtiendo en un país de explotación minera de recursos metálicos. Una legislación creada durante el gobierno de ílvaro Arzú (1996-2000), abrió las compuertas para que transnacionales incursionaran en el campo de la minería.
Ante el auge, organizaciones ambientalistas presionan para que se modifique el marco legal que favorece a las empresas, piden también que se detengan los proyectos que consideran causarán daños irreversibles.
La mayoría de personas que participó en una encuesta efectuada por la empresa Vox Latina, en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, considera que la explotación minera no traerá beneficios, sino que provocará daños ambientales.
Sólo el 4.5 por ciento apoya esa actividad; la Red de Instituciones y Organizaciones Mayas manifestó su enérgico rechazo a los proyectos de minería a cielo abierto, y denuncia intimidaciones a campesinos.
Sin embargo, estas opiniones y mediciones no toman en cuenta los beneficios económicos y sociales que representa la minería para las comunidades, advierte Douglas González, de la Gremial de Minas, Canteras y Procesadoras, adscrita a la Cámara de la Industria de Guatemala.
González también refiere que las posturas radicales, en las que se muestra una «irracional» oposición a los megaproyectos, podrían estar viciadas por intereses políticos y económicos. «Es necesario hacer un balance de lo que representa la minería y los megaproyectos para el país para darse cuenta que éstos se traducen en desarrollo».
De acuerdo con el viceministro de Ambiente, Luis Zurita, «tenemos que garantizar el abastecimiento del agua, porque la salud ambiental y el agua potable son las mejores conquistas para este siglo». «No puede haber desarrollo social si no hay desarrollo económico y lo que hay que buscar es el equilibrio» afirmó.
El cambio climático, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente, llegó para instalarse y tenemos que pensar en el desarrollo, «hace millones de años las plantas descargaron el carbono y lo fijaron en el suelo, hoy nosotros estamos devolviendo el carbono al espacio incubando el cementerio de los seres humanos» argumentó Zurita, quien hace un llamado a la reflexión sobre la conservación de los recursos naturales.
Una opción ecológica que busca otras formas de energía son los biocombustibles, no obstante el sector ambiental defiende que deja las tierras desérticas y se termina la vida útil de los suelos.
«Â¿Para que queremos producir energía? Si es para seguir aumentando el consumismo depredador esquilmador, que concentra la riqueza y no da beneficios a la mayoría del pueblo, tenemos que reflexionar» comentó el viceministro de ambiente en cuanto a la producción de este tipo de combustible.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) afirma que la creciente demanda mundial de biocombustibles líquidos, combinada con una elevada necesidad de tierras, puede poner presión en las denominadas tierras «marginales», que tienen una función clave para la subsistencia de los pobres en áreas rurales.
Para producir biodiésel u otra clasificación de combustibles ecológicos como han sido denominados por algunos expertos, es necesario utilizar los terrenos que eran usados para la producción de alimentos, sin embargo buscan otras opciones para producir sin causar daño.
De acuerdo con el informe de la FAO, la conversión de estas tierras en plantaciones para la producción de biocombustibles «puede provocar el desplazamiento parcial o total de las actividades agrícolas a tierras aún más marginales», con consecuencias negativas en la capacidad de obtener alimentos, según advierte el estudio.
Si la producción de biocombustibles compite, directa o indirectamente, por el suministro de agua y leña, puede hacer que estos recursos estén menos disponibles para el uso doméstico. Ello obligaría a viajar distancias más largas, reduciendo así el tiempo disponible para obtener ingresos de otras fuentes.
Además, el informe de la FAO advierte que la sustitución de los cultivos locales con monocultivos dedicados a la producción de energía podría amenazar la agro-biodiversidad, así como al conocimiento extensivo y las habilidades tradicionales de los pequeños campesinos en la gestión, selección y almacenamiento de los cultivos locales.
El establecimiento de plantaciones para la producción de biocombustible puede crear nuevas oportunidades de empleo en las zonas rurales. Estas oportunidades se destinan principalmente a trabajadores agrícolas de escasa cualificación, contratados de manera creciente en forma temporal u ocasional.
El informe de la FAO subraya la necesidad de continuar investigando y obtener nuevos datos sobre los efectos socioeconómicos de la producción de biocombustibles líquidos.
El estudio pide una estrategia de desarrollo de los biocombustibles que sea sostenible para el medio ambiente y favorezca a los pobres, integrando las plantaciones de cultivos para energía en los sistemas agroalimentarios locales existentes, de forma que se protejan las actividades agrícolas tradicionales, habilidades y conocimientos especializados de los pequeños campesinos.
Muchos problemas ambientales, de deterioro y agotamiento de recursos se dan cuando recursos renovables, es decir, susceptibles de autorregenerarse, corren el riesgo de extinguirse por ser mal utilizados o mal administrados.
Un aspecto escasamente considerado en la práctica de la explotación de los recursos renovables es que su autorregeneración está supeditada a que el ambiente en que se encuentran se mantenga favorable a dicha regeneración y desarrollo.
Las especies silvestres, tanto animales como vegetales, la tierra y el agua son los ejemplos clásicos, es decir que la sobreexplotación de la tierra por sobrepastoreo empobrece los suelos y eventualmente reduce tierras fértiles a eriales estériles; sin embargo, si se alteran las condiciones que garantizan esa fertilidad (humedad, temperatura, ausencia de contaminación, etc.) puede producirse el mismo fenómeno aun en ausencia de sobrepastoreo.
Con los acuíferos sucede algo similar, en condiciones normales son recargados por filtración y flujos hídricos anuales, tanto subterráneos como superficiales; pero si la extracción supera la recarga en forma continuada y por largos períodos, las disponibilidades de agua serán cada vez menores y eventualmente el acuífero se agotará.
Si además la recarga se contamina antes de llegar al acuífero, o si en el caso de acuíferos costeros el exceso de extracción da lugar a intrusión de aguas salobres, el acuífero y la cuenca que depende de él se verán deteriorados y eventualmente destruidos.
En el pasado estos recursos eran considerados inagotables, la explotación afectaba a una pequeña fracción del total, sin comprometer su renovación natural; el umbral crítico entre explotación renovable y sobreexplotación se encontraba distante y no se percibían límites naturales a la acción antrópica, pero las circunstancias han cambiado.
La concepción de disponibilidad ilimitada de bienes eternamente renovables impregnó, pero con los aumentos de explotación y la ocupación progresiva de los espacios naturales. La sociedad se ha ido acercando a límites más allá de los cuales la renovabilidad se ve comprometida, el umbral es entonces claramente perceptible.
Tan solo se han estudiado las pérdidas económicas en 4 de los 16 sectores afectados por el cambio climático en Centroamérica, entre ellos el recurso hídrico y la biodiversidad, esta última se verá afectada en no menos de la tercera parte en el año 2030 y la mitad para el 2080.
«Aun no podemos dar cifras exactas de las pérdidas que han ocasionado los efectos del cambio climático, pero podemos adelantar que la perdida es mayor a US $1 mil millones» declaró el doctor Luis Ferraté, Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, en el marco de la Reunión Extraordinaria de Ministros de Ambiente de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).
De no tomar acciones para la reducción de gases de efecto invernadero, la naturaleza del área centroamericana sufrirá un desgaste de poco más de 13 por ciento para 2030, del 20.4 por ciento para 2050 y del 38.9 por ciento para 2080. Los indicadores resaltan que en Guatemala se perderá el 11 por ciento para 2030, el 19 por ciento para 2050 y un 38 por ciento para 2080.
Aunque la vulnerabilidad en el sector es permanente, es probable que en los próximos años la región enfrente eventos extremos de naturaleza no vistos en Centroamérica, donde se producirán más sequías e inundaciones, lo que pondrá en peligro la salud y la seguridad alimentaria.
«El análisis de los eventos es gradual porque hay algunos que no son contabilizados y su regularidad tiene mayor magnitud que uno de gran escala» declaró el ministro Ferraté. La potencial biodiversidad de la región se verá afectada en no menos de 24 por ciento al 2030 y un 48 por ciento al 2080.
«No solo debemos tomar en cuenta los eventos extremos, la acumulación de eventos habituales también traen serios problemas en la salud y saneamiento de la región donde las perdidas son mucho mayores que en los desastres naturales» expuso el ingeniero Herman Rosa Chávez, ministro de la cartera de ambiente de El Salvador, quien agregó que aunque se tomen medidas para reducir el daño a la zona, estos eventos van a tomar parte de la cotidianidad climática.
Según los resultados preliminares del estudio La Economía del Cambio Climático, presentado por el economista Horacio Catalán, entre 2010 y 2014 la inversión mínima para la mitigación de los efectos del cambio climático para Guatemala rebasará los US $3 mil 500 millones.
Los ministros de Ambiente de la región coincidieron que estos datos son menores a los reales, ya que están valorados sobre el Producto Interno Bruto del país, donde quedan de lado los ingresos producidos por la economía informal que predomina en la zona.
La misión de los funcionarios es crear una estrategia efectiva para reducir la vulnerabilidad y crear nuevos insumos técnicos para reducir los efectos del cambio climático a través de una compensación económica de los países generadores de gas de efecto invernadero que producen al planeta y quienes deben adquirir el compromiso del pago de la deuda ecológica.