No nos queda duda de que el Gobierno logrará el apoyo necesario para aumentar algunos impuestos y crear el de la telefonía móvil, con lo que se persigue rellenar el agujero fiscal existente y elevar la carga tributaria que sigue siendo una de las más bajas del mundo. Conceptualmente, tenemos que entender que ningún país puede alcanzar desarrollo sin recursos para invertir en educación, salud, seguridad e infraestructura y en tal sentido el incremento de algunos tributos y la creación de otros puede ser polémica, pero termina siendo necesaria.
El cuestionamiento de la sociedad, en el sentido de que no hay transparencia en el gasto público ni manejo de los recursos con calidad, nos debe obligar a que colectivamente actuemos para exigir solución al ancestral problema de la corrupción en nuestro sistema político. En otras palabras, ante la certeza de que los impuestos serán aprobados por el Congreso de la República en el ejercicio de sus facultades constitucionalmente regladas, los ciudadanos tenemos la obligación y el deber cívico de luchar porque se establezcan mecanismos de probidad, de transparencia, de rendición de cuentas y de castigo a los corruptos.
Porque La Hora sostiene que ha sido un juego aceptado por las partes eso de mantener la corrupción para justificar la evasión. El mejor pretexto para no pagar impuestos es, ha sido y será, el mal uso que se hace del dinero público, porque siempre se podrá decir que no hay que pagar impuestos porque todo se lo roban los funcionarios de turno. Sin embargo, entendamos que la corrupción es posible también porque hay en el sector privado quienes comparten los negocios con los políticos.
La mayoría de la corrupción ocurre como parte de los «negocios» realizados entre el Estado y particulares que se prestan al saqueo y sobornan a empleados y funcionarios. Los cajonazos burdos no son la regla sino la excepción, sobre todo en regímenes que han sofisticado la forma en que se hacen los negocios públicos y encubren el manejo de las cuentas en contratos a favor de los financistas de campaña, de ONGs y mediante fideicomisos cuyo fin esencial es borrar la huella del dinero.
El contribuyente pagará más y eso le obliga a participar más, a exigir más, a ser demandante para que sus aportes sean utilizados con transparencia. Por supuesto que es más cómodo dejar que campee la corrupción y no pagar impuestos, pero ya que habrá que pagarlos, conviene exigir, actuar y comprometerse en la construcción de un país en el que se use bien el dinero y que pueda empezar a caminar hacia la senda del desarrollo.