«Da miedo salir a votar», dice Sandra, una empleada de hotel que duda si el domingo irá a las urnas a depositar su voto en las polémicas elecciones generales, que la Resistencia al golpe de Estado va a boicotear y buena parte de la comunidad internacional no reconocerá.
Aunque el gobierno de facto ha desplegado a unos 30.000 soldados, policías y reservistas para garantizar la seguridad de estos comicios, Sandra tiene miedo a lo le puede pasar entre su casa y el colegio electoral.
«En ese trayecto no tenemos seguridad», dice tras reconocer que «hay que votar porque si no, otros deciden por uno».
En las paradas de buses, en postes de luz y en muros aparecen carteles y pintadas disuadiendo a los casi 4,6 millones de hondureños con derecho a voto a que vayan a las urnas, en particular en los barrios populares.
Mientras, el gobierno y los principales partidos políticos envían constantes mensajes a la población que no tengan miedo y que salgan a votar masivamente el domingo.
En diferentes zonas del país se están produciendo numerosas amenazas de bombas contra instituciones públicas, denunció este viernes el portavoz de la policía, Orlin Cerrato.
En la capital, incluso desalojaron al personal de los Tribunales de lo Penal, aunque tras revisar no encontraron ningún artefacto explosivo, dijo.
La Resistencia contra el Golpe, un conglomerado de sindicatos y movimientos sociales favorables al depuesto presidente Manuel Zelaya, han pedido a los ciudadanos que boicoteen las elecciones, en un país que cuenta habitualmente con una elevada abstención. En los comicios del 2005, sólo votó el 52% de la población.
Este viernes iban a presentar un escrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para pedir la suspensión de los comicios del 29 de noviembre porque «no hay condiciones mínimas» para su realización, dijo a la AFP Rafael Alegría, uno de los dirigentes del movimiento.
La Resistencia incluso ha convocado «un toque de queda popular» el domingo, para que la gente no salga de sus casas.
Alegría, sin embargo, descartó que su movimiento realice medidas intimidatorias contra el electorado.
«Si están recibiendo eso (amenazas) no es de la Resistencia», zanjó antes de asegurar que «no estamos a favor de la violencia».
Los soldados, fuertemente armados, están concluyendo la distribución del material electoral a las 15.265 urnas instaladas en los más de cinco mil centros de votación.
Amnistía Internacional denunció este viernes que el gobierno de facto cuenta con más de 10.000 bombas de gases lacrimógenos y otros equipos de control de masas haciendo temer un «creciente riesgo de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por las fuerzas de seguridad» en la elección presidencial.
La organización defensora de los derechos humanos en el mundo recuerda que desde que asumieron el poder, «las autoridades de facto han permitido a las fuerzas de seguridad el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y munición real para castigar a los manifestantes, causando varias muertes y heridos de gravedad, sin que nadie haya sido responsabilizado por ello», dijo Javier Zúñiga, un asesor del presidente.
Las elecciones del domingo también ha dividido a la comunidad internacional, que exige la restitución del presidente depuesto Manuel Zelaya. Sólo Perú, Panamá y Costa Rica han dado su apoyo a los comicios.
Estados Unidos aseguró que vigilará atentamente las cruciales elecciones del domingo en Honduras, para luego decidir si las reconoce, una arriesgada postura que puede ensombrecer la imagen del gobierno de Barack Obama ante la región.
Pero la mayoría, con Argentina, Brasil, España o Venezuela a la cabeza ya han dicho que no los reconocerán.