A pesar de que el Gobierno espera que el nuevo impuesto a la telefoní­a celular sea absorbido en «solidaridad» por los empresarios, éstos han señalado que será a los usuarios a quienes se les recargará el nuevo gravamen.

A pesar de declarar en reiteradas ocasiones que la reforma fiscal no afectará a los «más pobres», el nuevo impuesto al tráfico de llamadas ha abierto la posibilidad de que suceda lo contrario, pues, según la gremial de telecomunicaciones, éste será trasladado a los usuarios.

«Esperamos que los empresarios vean como un acto de «solidaridad» el invertir en la educación», dijo a los medios el secretario de comunicación social de la presidencia, Ronaldo Robles, sin embargo, según declaraciones de Edwin Solares, presidente de la gremial de Telecomunicaciones, este aumento afectará a los sectores más pobres y populares.

En sus declaraciones, Solares indicó que, «este impuesto, como en cualquier actividad económica, representa un costo que no deja otra opción a la empresa distribuidora que trasladarlo al usuario», esto en base a que ya se tiene configurado un plan de inversiones y no les quedarí­a otra alternativa.

Además, el presidente de esta gremial dijo que este aumento es aproximadamente del 50% de lo que cuesta al usuario, hoy en dí­a, una llamada y criticó la postura del Ejecutivo argumentando que «el hecho de incrementar operaciones no significa que tenga que ser castigado el que más crece».

Por su parte, el viceministro de Finanzas Públicas, Ricardo Barrientos, argumentó con anterioridad que el sector de telefoní­a ha crecido en un 400 por ciento y obtenido Q12 mil millones en utilidades. Debido a estas declaraciones, la gremial de telefoní­a ha considerado este impuesto como un castigo.