En medio de la polémica que rodea la Ley de Planificación Familiar -que divide al Gobierno y a la Iglesia Católica-, autoridades del Estado participaron en la oficialización de la Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos, uno de los primeros pasos para la aplicación de la misma.
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El ministro de Salud, Ludwig Ovalle, explicó que la comisión tiene como principal objetivo garantizar la existencia de diversos métodos anticonceptivos en los hospitales y centros de salud del país y de no haber garantizar la compra de los mismos.
«La idea es disminuir la mortalidad materna y neonatal», aseveró Ovalle, al referirse que entre más corto es el espacio entre un embarazo y otro, más son los riesgos que corren las mujeres a morir o a que sus hijos fallezcan.
La comisión se encargará también de divulgar las formas de acceder a los anticonceptivos y promover la utilización de los que mejor le parezcan o se acoplen a cada pareja, en dos ramas principales, «naturales y artificiales».
Además, indicó que con la utilización adecuada de métodos anticonceptivos, no sólo se reducirán las muertes materno infantiles y los embarazos no deseados, sino que se reducirán las enfermedades venéreas en un buen porcentaje.
De los 15 a 22 años, son las edades de la mayoría de personas infectadas por una enfermedad de transmisión sexual y el trece por ciento de madres que mueren al dar a luz son menores de edad.
Luego de las declaraciones dadas por Rodolfo Cardenal Quezada Toruño, en torno a su disgusto con la aprobación de la Ley de Planificación Familiar y su posible abandono del llamado grupo de los G-4, en donde trabajan el plan de seguridad nacional, el vicepresidente de la República, Rafael Espada, le hizo un llamado para que dialoguen y solucionen los problemas sin que la Iglesia Católica abandone el Acuerdo Nacional de Seguridad.