El Comité contra la Tortura de la ONU espera de Colombia garantías para que el poder judicial pueda ejercer sus labores con independencia, de acuerdo con una resolución dictada hoy en Ginebra.
El Comité insta a que Colombia «tome medidas inmediatas para discontinuar el acoso y seguimiento de jueces por agentes de inteligencia (el DAS) y sancionar a los responsables por amenazar la independencia del poder judicial», dice el dictamen.
El Comité, integrado por diez expertos independientes que vigilan el cumplimiento de la Convención internacional en la materia, expresó su «gran preocupación» por el hecho de que jueces de la Corte Suprema de Justicia hayan sido «amenazados» y se hayan visto obligados a recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares de protección».
El Comité expuso su «consternación» porque dichos jueces «hayan sido objeto de acoso, seguimiento e intercepciones telefónicas por agentes de inteligencia, el DAS», sigla del servicio secreto que reporta al poder ejecutivo colombiano.
A su vez, el Comité opinó sobre la designación pendiente en Colombia del Fiscal General de la Nación, considerado el segundo puesto público después del Presidente de la Republica, cuestión que ha generado controversia entre el primer mandatario, ílvaro Uribe, y la Corte Suprema, según la prensa colombiana.
Uribe envió una terna de candidatos para que la Corte Suprema eligiera a uno de ellos, pero los máximos magistrados decidieron no hacerlo, en el entendido que las personas propuestas no estaban a la altura de las exigencias de la función; el poder ejecutivo replicó a su vez que no estaba dispuesto a cambiar la terna propuesta.
El Comité indicó que esperaba que la designación del Fiscal General de la Nación «se realice a través de criterios que garanticen la elección de un profesional capaz de ejercer el cargo con total y plena independencia».
En cuanto a la desmovilización de 30.000 paramilitares y los beneficios jurídicos de que gozan, el Comité caracterizó la situación como una «amnistía de facto», al no coincidir «con el principio de la proporcionalidad de la pena y la ausencia de condenas», en el marco de las «obligaciones internacionales de derechos humanos».
El Comité estableció «que las amnistías u otros obstáculos que impiden enjuiciar y castigar con prontitud e imparcialidad a los autores de actos de torturas o malos tratos ponen de manifiesto una falta de voluntad al respecto, infringen el carácter imperativo de la prohibición».
El Comité expresó además su deseo de que «las ejecuciones extrajudiciales de civiles que posteriormente han sido presentados por la fuerza pública como muertos en combate» sean juzgados por la justicia ordinaria, y no por la castrense.
El Comité lamentó «que el poder ejecutivo se haya opuesto a un proyecto de ley para el esclarecimiento de desapariciones forzadas y la identificación de cadáveres en fosas comunes» y alentó al gobierno colombiano a ratificar la Convención Internacional en la materia.
Al Comité le preocupa la extradición de jefes paramilitares a Estados Unidos para responder de cargos de narcotráfico, lo cual «obstaculiza la realización de investigaciones acerca de su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos».
El Comité quisiera que en Colombia «se ponga término inmediato» al hostigamiento que sufren los defensores de los derechos humanos y ONGs, que son estigmatizados, siendo victimas de amenazas, presuntamente realizadas o encubiertas por el DAS, el servicio secreto gubernamental.