El incidente de ayer en el Congreso, cuando dos diputadas sopapearon al diputado Mario Taracena luego que éste, según los testigos, dijera que una de las representantes era querida de uno de los alcaldes electos por la UNE, sirven para ratificar el desprestigio del Organismo Legislativo por la irresponsabilidad con que actúan sus integrantes. Y es que numerosos diputados están como mil diablos con el terrible Taracena por su propuesta de transparentar los sobornos que se generan por la aprobación del Presupuesto General de la Nación, explicitando así una realidad que les reporta jugosos ingresos a muchos de ellos.
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Dentro del concepto democrático, el funcionamiento del parlamento es esencial porque constituye el escenario de la representación política del país. En países donde funcionan partidos políticos sólidos y cimentados en principios ideológicos, los exabruptos son la excepción de la norma, mientras que en países donde cada diputado se convierte únicamente en gestor de negocios personales, es natural que se repitan una y otra vez choques porque en el fondo lo que la ciudadanía presencia es la disputa por un botín y eso siempre resulta conflictivo porque en el marco de la corrupción no existen reglas claras para el reparto del dinero mal habido.
El deterioro institucional en Guatemala es alarmante porque alcanza a todas las instituciones, pero en el caso del Congreso de la República, por la naturaleza misma de sus funciones, ese descalabro ocurre en una auténtica vitrina y tiene efecto multiplicador muy preocupante. Si algo hay que agradecerle al diputado Taracena es que se encarga periódicamente de señalar con detalle los peores vicios que hay en el juego político que se da entre las bancadas y entre los diputados, lo cual sería bueno si de alguna manera sirviera para corregir los errores y enmendar el camino, pero cuando simplemente se produce la denuncia para que todo siga igual y para que los trinquetes continúen como si nada hubiera ocurrido, se aumenta el desprestigio ya no sólo de la clase política, sino de la institución misma del poder legislativo.
Lo que nadie puede negar es que en el Congreso de la República los votos tienen precio y que se diseñan mecanismos como el de la asignación de obras para encubrir los pagos. Y tampoco se puede negar que en el juego de chantaje y extorsión participan no sólo los diputados inescrupulosos que se embolsan dinero público, sino también los funcionarios del Ejecutivo que facilitan el otorgamiento de esas obras precisamente para asegurarse el voto en cuestiones que les interesan.
En el momento actual es muy importante el debate del presupuesto porque dada la crisis y la caída en la recaudación, por vez primera Finanzas propone un presupuesto bastante inferior al del año anterior. Se está presupuestando que los ingresos fiscales serán escasos y por lo tanto se propone reducir el gasto. Si no se aprobara ese presupuesto quedaría el del año anterior y eso tiene enorme impacto en las asignaciones constitucionales porque las entidades que las reciben tendrían derecho a demandar más de lo que se les asigna de acuerdo al nuevo presupuesto. En el Gobierno por ello es que hay tanta inquietud e interés por aprobar el proyecto elaborado por Finanzas y los diputados, a sabiendas, valoran más ahora su voto y saben que pueden sacar más raja del asunto.