Subir o no subir los impuestos: ese es el dilema al que está confrontada la mayoría de los gobiernos centroamericanos tras la fuerte caída de la recaudación, originada por la crisis económica, pero los detractores prefieren que antes se combata la corrupción.
Tras unos años de bonanza económica, las reformas fiscales habían quedado aparcadas pero la crudeza de la crisis y el aumento de los gastos sociales practicado por la mayoría de los gobiernos de centro-izquierda de la región, hacen inaplazable una subida de impuestos, so pena de recortes en el presupuesto o del aumento de la deuda.
Como ya hizo Panamá hace unos meses, que ha logrado gravar a grupos económicos tradicionalmente exentos o evasores de impuestos, los gobiernos de Guatemala y El Salvador están enfrascados en sacar adelante sus respectivas reformas fiscales.
En Costa Rica, en plena campaña electoral, el tema es tabú por el momento, pese a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
«Si queremos servicios de primer mundo, debemos pagar impuestos de primer mundo», aseguró en una ocasión Laura Chinchilla, favorita en los sondeos, cuando aún no era candidata presidencial del oficialismo en Costa Rica.
En El Salvador, el gobierno de izquierda de Mauricio Funes impulsa una histórica reforma fiscal que le permita aumentar la recaudación un 1% del PIB, (unos 240 millones), para poder financiar los programas sociales el próximo año y pagar la deuda externa.
El gobierno de ílvaro Colom también necesita urgentemente aumentar la recaudación en al menos 1,5% en Guatemala, donde la carga tributaria representa 9,9% del PIB, lejos del 40% de los países escandinavos o del 29% de Brasil.
La carga tributaria en Costa Rica para 2010 se sitúa en 13,9% del PIB, 13,3% en El Salvador, 17,1% en Nicaragua y 11,9% en Panamá, según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), con base en Guatemala.
Los privilegios que otorgan las zonas francas y muchas leyes dirigidas a atraer la inversión extranjera hacen que muchas empresas, incluso grandes multinacionales, no paguen ningún tipo de impuestos en muchos países de la región.
A ello se suma la oposición de las élites, poco proclives a pasar por caja, alegando que los ingresos fiscales sólo sirven para aumentar la corrupción de políticos y funcionarios de inoperantes Estados, en la mayoría de los casos.
«Necesitamos reducir lo exacerbado que están los privilegios fiscales no sólo para las empresas sino para las personas», dice Jonathan Menkos, un experto del ICEFI.
La paradoja, en Centroamérica, es que los más tienen no son los que más pagan. Esto se explica porque el 70% de los ingresos tributarios proceden de los impuestos indirectos, relacionados con el consumo, mientras que sólo un 30% procede de la renta de personas y empresas.
Los casos extremos son El Salvador, Honduras y Nicaragua, donde 20% de los hogares más pobres tienen una carga tributaria relativa que es más del doble de la carga tributaria de los hogares más ricos, recuerda ICEFI.
En Guatemala, Costa Rica y Panamá, es bastante similar entre estos dos segmentos de la población, «lo que indica que el sistema tributario en estos países tampoco es progresivo», señala.
El diseño del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la principal fuente recaudatoria de la región, hace «que éste recaiga principalmente en los sectores desposeídos», alerta ICEFI.
«No hay un proyecto de nación sin un proyecto fiscal que lo sustente», dice Menkos, quien asegura que para ello se necesitan «consensos políticos, que concreten reformas fiscales, no solo para enfrentar la crisis económica sino también para buscar los medios que permitan erradicar la pobreza, la ignorancia y el hambre, que padecen muchos de sus ciudadanos en pleno siglo XXI».