Política de mano firme, cero tolerancia, mayores penas, son algunas de las consignas que saturan la propaganda electoral en Costa Rica, donde, agobiados por el auge de la delincuencia y esperanzados en un cambio, los ciudadanos escogerán un nuevo gobierno el 7 de febrero próximo.
«Voy a tener mano firme contra la delincuencia, no voy a tolerar alcahueterías porque el que la hace la paga», sentencia con gesto severo el candidato ultraliberal Otto Guevara, en un spot televisivo que transmite la televisión local.
En el anuncio aparece un hombre que va por la calle sin más prendas que el calzoncillo y, ante el asombro o la recriminación de los demás, explica que esa es la única forma de no ser asaltado y despojado de sus pertenencias.
«Usted ya no tendrá que andar «chingo» (desnudo) por la calle», promete el aspirante.
Laura Chinchilla, candidata del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN, socialdemócrata) y favorita para ganar los comicios, según las encuestas, explota su experiencia de ex ministra de Seguridad Pública como una garantía de dureza.
«Seguridad es castigar al delincuente con firmeza y autoridad… no les tengo miedo a los delincuentes y voy a enfrentarlos con decisión», proclama Chinchilla en uno de sus cortos publicitarios.
La candidata dice que aumentará el número de policías, mejorará su salario, les dotará de mejores equipos y de entrenamiento adecuado para detener la ola de delincuencia.
Y Ottón Solís, candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC, centro), propone «incrementar las penas y poner penas a hechos que hoy día no son castigados con cárcel», en referencia a los llamados delitos de menor cuantía.
El candidato del principal partido de oposición en la actualidad afirma que «tenemos que hacer más cárceles para que los delincuentes estén donde deben estar y no en la calle».
Tanto Solís como Chinchilla matizan posiciones en sus respectivos programas de gobierno o en foros más o menos cerrados, reconociendo que el delito tiene un origen social y que combatirlo es algo mucho más complejo que tener mayor número de policías o aumentar las dosis de represión.
Sin embargo, la propaganda masiva de todos los partidos trata de estar a tono con el sentimiento del ciudadano común, que clama por medidas más enérgicas para frenar la criminalidad y la violencia creciente que se apodera de las calles.
Una encuesta reciente de la empresa Unimer, revela que para un 27% de la población, la inseguridad ciudadana es uno de los problemas más importantes del país, contra sólo el 16% que tenía esa opinión a mediados del año pasado.
Y esta percepción parece ser algo más que un fenómeno de psicología de masas: cifras oficiales revelan que el pasado año murieron 435 personas de forma violenta, un 25% más que en 2007 y la tasa de asesinatos pasó de 7,5 a 11 por cada 100.000 habitantes, la más alta de la historia.
El Informe sobre el Estado de la Nación de 2009, preparado por expertos de cuatro universidades estatales y dado a conocer hace diez días, señala que los casos registrados de personas víctimas de la violencia pasó del 15% al 28% en una década.
Además, asegura que sólo un 23% de los casos de robo, asalto y otros delitos contra la propiedad es denunciado a las autoridades, ya sea por miedo a represalias o porque las víctimas consideran que no habrá investigación ni persecusión de los culpables.