Nada sería más positivo en este momento, cuando el gobierno principia su esfuerzo por decretar una reforma tributaria, que dar señales de transparencia y austeridad, pero, sobre todo, de que en el tema de corrupción no hay espacio para la impunidad. Vemos todos los días noticias desagradables sobre el aprovechamiento que hacen los allegados al gobierno de los recursos públicos vía el tráfico de influencias, además de robos descarados como el de los Q82 millones del Congreso, y sin embargo nadie mueve un dedo para contener la voracidad de financistas, correligionarios y parientes, dejando así en claro que en nuestro país la probidad no forma parte de la lista de prioridades públicas.
La forma en que se proporcionan argumentos a quienes están en contra del pago de impuestos es pasmosa porque lejos de impulsar la transparencia, lo que hay es una abierta y clara decisión de favorecer a los que aportaron dinero para la campaña y lo hacen de cualquier manera. No bastó, por ejemplo, el incremento del subsidio a los autobuseros que fueron sin duda el principal apoyo de campaña en el Distrito Central, puesto que ahora se les otorgará una multimillonaria exoneración para que importen unidades que debieran ser importadas, operadas y administradas por los gobiernos locales, como ocurre en casi cualquier ciudad importante del mundo.
En otras palabras no es únicamente de hacerse los locos para investigar serias denuncias relacionadas con la gente más cercana al gobierno, sino que es de seguir operando bajo el influjo del tráfico de influencias para beneficiar a los que forman parte de los ya tristemente célebres financistas de campañas políticas. Está visto que las jugosas concesiones existentes se consagran y ratifican sobre la base de soltar dinero para el proselitismo, lo que constituye una absoluta garantía de que se podrá seguir mamando de la ubre del erario nacional.
En esas condiciones nunca se podrá implementar una política fiscal distinta, porque siempre habrá pretexto, como si hiciera falta, para objetar la intención de realizar una reforma tributaria a fondo. Por ello es que siempre paramos en parches, porque al final de cuentas la negociación termina siendo hacerse los locos en cuanto a la transparencia y calidad del gasto, a cambio de que los impuestos que se decreten sean únicamente indirectos, que afecten al consumidor. No es casual que la estructura tributaria de Guatemala sea tan poco justa y equitativa, puesto que al final es un eterno pacto entre corruptos y evasores para llenar los agujeros fiscales pero sin que nada realmente sea cambiado. Insistimos en que es un juego que agrada y conviene a los principales actores.