Por medio de una carta rogatoria, el juzgador internacional gestionó el enví­o de una copia certificada de los planes militares, los cuales recibirá en las próximas semanas en España.

Pedraz es contralor del proceso abierto en la Audiencia Nacional de España contra de un grupo de militares acusados de participar en una serie de masacres durante el conflicto armado interno, las cuales fueron documentadas en los citados planes.

Trámite

Luego de tres negativas, tanto del juzgado Segundo de Primera Instancia como de las autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional, dos de los cuatro planes militares solicitados por Pedraz serán finalmente enviados a España dentro del proceso de investigación que allá está abierto.

En la carta rogatoria el Juez español solicitó los planes: Campaña Sofí­a, Operación Ixil, Victoria 82 y Firmeza 83; sin embargo, solo dos de ellos recibirá el jurista.

Cojulún, juez contralor de ese proceso en el paí­s, informó que esta semana serán entregados los documentos a la Corte Suprema de Justicia para que inicie el trámite de enví­o hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, de donde serán remitidos a España. El trámite podrí­a durar un mes aproximadamente.

Los planes que recibirá la Audiencia Nacional serán Victoria 82 y firmeza 83, ya que según el Ministerio de la Defensa, Operación Ixil y Campaña Sofí­a se han extraviado.

Justicia universal

«Creemos que es fundamental el enví­o de estos documentos que forman parte de la construcción de la acusación que se presentó en España por genocidio, y son importantes para determinar la responsabilidad de los sindicados», opinó Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú.

Morales agregó, que la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que amparó a los militares implicados en ese proceso, «no detiene el proceso en España» y que el juez Pedraz con los planes puede solicitar cualquier diligencia en este paí­s, como la extradición de los implicados, basándose en el principio de justicia universal, informó.

La fundación Menchú, denunciante en el proceso por genocidio, espera que el paí­s «cumpla con su obligación de extraditar, si no va a juzgar a los responsables de esos hechos», declaró el abogado entrevistado.