Nadie reclamará la camioneta blindada, de modelo reciente y todoterreno que la Policí­a Nacional Civil decomisó luego de un enfrentamiento entre supuestos narcotraficantes y las fuerzas del Estado, razón por la que el vehí­culo pasarí­a a ser del Estado antes del tiempo establecido.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) busca que los vehí­culos decomisados al narcotráfico y crimen organizado contribuyan a la persecución penal y a la aplicación de justicia en los hechos ilí­citos relacionados con estos grupos delincuenciales.

Aunque la solicitud no ha sido resuelta por la judicatura competente, la CSJ busca que al menos cinco automóviles blindados que son parte de los decomisos al crimen organizado, presten seguridad a jueces, fiscales y policí­as que intervienen en los procesos de mayor riesgo.

SEGURIDAD

César Barrientos, presidente de la Cámara Penal de la CSJ, explicó que la intención de la presidencia del OJ ya fue expuesta y aprobada por el pleno de magistrados y que esta busca mecanismos que permitan utilizar vehí­culos que han sido confiscados en hechos delictivos, indicó.

«Por lógica común y por principios de derecho, se supone que los vehí­culos no serán reclamados por las personas que están prófugas o sometidas a procesos penales, y para evitar que se arruinen en los depósitos la idea es utilizarlos especialmente para los tribunales que conocen casos de alto impacto», declaró Barrientos.

El presidente de la Cámara Penal agregó que también se busca que los vehí­culos funcionen para operadores que laboran en áreas donde es connotada la actividad del crimen organizado «como Huehuetenango», refiere.

Barrientos indicó que en el transcurso de noviembre y diciembre del año en curso se deberá avanzar en ese propósito para tener en disposición inmediata los vehí­culos; además, detalló que se habla de un promedio de 30 carros -de ellos algunos son blindados- «que servirí­an para favorecer la persecución penal y la justicia en casos de mayor riesgo», declaró.

SIN RECURSOS

Sandino Asturias, analista en temas de seguridad del Centro de Estudios de Guatemala, opinó: «partiendo de la realidad que vive hoy el OJ, que no tiene recursos designados especí­ficamente para su propia seguridad, es una medida emergente», declaró.

Asturias reiteró que el OJ carece de unidades de protección, armas y en general, recursos suficientes para su seguridad: «es triste que se tengan que utilizar esos recursos de esa manera; es preocupante que se tenga que acceder a esas formas pero por lo pronto no hay otra manera», indicó.

El analista añadió que el tema de la seguridad en el sistema de justicia debe ser integral y que «se debe trabajar en la ubicación de los jueces y sus familias, procurar que hayan condiciones en los propios tribunales y juzgados de este tipo para que funcionen adecuadamente», indicó Asturias.

Asturias opinó finalmente que «todo lo que vaya en la dirección de fortalecer y proteger a los operadores debe ser apoyado» y que esta medida debe ser una prioridad y que esto servirí­a para resolver una de las necesidades que tiene la justicia y es que sus operadores carecen de seguridad para operar, enfatizó.

FISCALES Y QUERELLANTES

Amí­lcar Velásquez Zárate, fiscal general del Ministerio Público, informó que esa medida ya ha sido discutida con la presidencia de la CSJ y que acelerarán la firma de un convenio para que estos vehí­culos sean asignados a fiscales.

«Actualmente estamos trabajando en la firma, en el menor tiempo posible, de un convenio interinstitucional para que los fiscales del MP, especialmente los que están amenazados por el tipo de investigaciones que realizan, puedan optar a estos vehí­culos», indicó Zárate.

Velásquez añadió que en el convenio también intervendrí­a el Ministerio de Gobernación y que este busca que los investigadores puedan ejercer una persecución penal efectiva y velando por su integridad fí­sica y de sus familiares.

Diego ílvarez, jefe de Prensa de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, opinó que este tema tiene que ver con extinción de dominio sobre los bienes incautados al narcotráfico y crimen organizado.

ílvarez opinó que los vehí­culos decomisados finalmente ingresarán al patrimonio del Estado y que esta es una buena medida para garantizar la seguridad de las entidades que así­ lo requieran, como el OJ y el MP, indicó.