La responsabilidad social de las empresas y los empresarios, va más allá de adoptar nuevos métodos para aumentar la producción, mejorar la calidad de los productos o impulsar campañas publicitarias agresivas. La responsabilidad social tiene que ver con cuidar la imagen de la empresa, acumular una buena cartera de clientes y, sobre todo, actuar con ética y responsabilidad empresarial frente al consumidor. A esto último voy a referirme, a la conducta irresponsable y amoral de ciertas empresas. Los hechos que voy a citar son fundados en mi experiencia, vivencias concretas que me constan.
A mediados de 2006, fui atropellado en Escuintla por un vehículo propiedad de una compañía distribuidora de gas propano, plenamente identificado con placas de circulación P-745 BJZ, conducido por un piloto irresponsable que se dio a la fuga. Por las lesiones sufridas, fui auxiliado por una unidad de rescate de bomberos voluntarios, conducido al hospital de la cabecera departamental, donde recibí las primeras atenciones médicas. El caso fue conocido en el Ministerio Público de Escuintla, donde me constituí en formal acusador y cuyo expediente con el respectivo informe forense obra en las oficinas de esa ciudad.
El conductor del vehículo propiedad de la empresa de gas, es responsable de varios delitos y también la empresa citada de la que es empleado. A los pocos días del accidente, recibí en mi residencia la visita de tres ajustadores de una compañía de seguros, quienes afirmaron que la empresa propietaria del vehículo causante del atropello contra mi integridad personal, estaba dispuesta a cancelar los gastos médicos, daños y perjuicios ocasionados. Acudí dos veces a reuniones con los abogados de la aseguradora, viajé varias veces al Ministerio Público de Escuintla para presentar testigos y ratificar mi denuncia. Pero hasta hoy, ni la empresa distribuidora de gas, ni la compañía aseguradora y tampoco el Ministerio Público han actuado con responsabilidad. Hasta ahora, ninguna de esas partes ha cumplido con sus deberes y obligaciones.
En este hecho hay dos empresas privadas involucradas, una de capital transnacional que distribuye gas propano y la otra de capital nacional que como suele pasar con las aseguradoras, utilizan toda clase de subterfugios, maniobras y recursos para evitar hacer pagos de los asegurados, este tipo de empresas financieras, buscan la manera de evitar desembolsos, aun cuando saben que están en el deber moral de cumplir con ese tipo de obligaciones. En este caso, ambas empresas, la distribuidora de gas propano y la compañía de seguros, han actuado con mañosería e inmoralidad. Con sus actos están avalando la impunidad y la corrupción.
Por supuesto, la ineficiencia e inoperancia del Ministerio Público, también se suma a mantener el manto de impunidad sobre hechos, que como el narrado, afectan la aplicación de la ley, dificultan el acceso a la justicia, menoscaban el prestigio y la credibilidad de los operadores de justicia.
Al menos he logrado que mi familia y amigos, dejen de consumir la marca del gas propano que distribuye esta empresa extranjera y que otros se nieguen a contratar seguros con esa aseguradora guatemalteca. Ante la impunidad y la falta de justicia, sigo oponiendo resistencia.
PS. Hoy se cumplen 49 años del levantamiento cívico militar, encabezado por jóvenes oficiales el 13 noviembre 1960, antesala de la lucha armada y del movimiento revolucionario político militar.