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La cementera confirmó, en base al informe de la Comisión Nacional Extraordinaria por la Transparencia del Congreso de la República, que se ha cumplido con todos los requisitos que las leyes de Guatemala exigen para llevar a cabo el Proyecto San Juan, no existen argumentos legales para oponerse al proyecto, y que se ha cumplido con los requisitos establecidos en la ley, indicaron en su informe los miembros de la Comisión Nacional Extraordinaria por la Transparencia.

El Proyecto San Juan está conformado por tres partes: Una fábrica de cemento, una carretera de uso público que comunicará a San Juan Sacatepéquez con la carretera Interamericana, así­ como el apoyo a los planes de desarrollo de las comunidades cercanas al proyecto y a la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez.

NO HAY DAí‘O

El estudio de Impacto Ambiental que fue aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales cuenta adicionalmente con auditorí­as efectuadas por la empresa finlandesa Poyry, otra por la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez y la realizada por una experta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), contratada por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos.

Todas las investigaciones confirmaron que se han cumplido las normas y que se han planificado las medidas de mitigación necesarias para minimizar los impactos ambientales de la futura fábrica de cemento, instalaciones que aún no se han construido, y por ende, es imposible que su operación esté afectando el medio ambiente en la zona.

Los Ministerios de Energí­a y Minas (MEM) y el de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informaron que el agua que la empresa tiene previsto utilizar cuando inicie sus operaciones, se usará únicamente para el proceso de enfriamiento de equipos y para uso del personal que labore en la fábrica, punto que fue confirmado por los miembros de la Comisión en una visita realizada a la Planta San Miguel, la cual opera actualmente en Sanarate, El Progreso.

Adicionalmente, los miembros de la Comisión informaron que no existen interacciones entre las fuentes de aguas superficiales y aguas subterráneas de las comunidades y del área donde será construida la fábrica, por lo que en ningún caso afectará por las operaciones de la futura fábrica de cemento al suministro y a la calidad del agua que utilizan las comunidades.

SALUD

La fábrica no ha sido construida, por lo que no puede concluirse que alguna afección a la salud de los habitantes de la región se deba a las operaciones de la misma, señalaron los directivos de la empresa. Otro aspecto que da a conocer el informe es que la calidad del aire no se verá afectada debido a que en todas las etapas del proceso se utilizarán supresores de polvo y filtros de alta densidad, debido a la tecnologí­a de punta que utilizará dicho proyecto.

REFORESTACIí“N

Los miembros de la Comisión Nacional Extraordinaria por la Transparencia confirmaron que existe un proyecto intensivo de reforestación en la finca donde se construirá la fábrica, con especies propias de la región como pino y ciprés. Asimismo verificaron que en la finca existen más de 500 mil árboles sembrados.

También observaron las acciones realizadas durante los últimos dos años, con las cuales se han sembrado más de 139 mil y se han donado más de 260 mil árboles para colaborar con la reforestación del municipio.

DIíLOGO

El Proyecto San Juan se ha dado a conocer a diferentes sectores de la sociedad, aunque algunos se han resistido, con mayor énfasis, a los habitantes de las comunidades vecinas; como resultado más de cuatro mil vecinos de San Juan Sacatepéquez han ido a conocer las operaciones de la planta San Miguel en Sanarate y se les ha dado a conocer el Proyecto San Juan.

La empresa Cementos Progreso ha sido participante activa de estos espacios de diálogo que se han generado para resolver el conflicto, y la empresa resalta que sigue abierta a dialogar, a aclarar ideas equivocadas y buscar soluciones. Participó por más de un año en la Mesa de Diálogo, convocada por el Gobierno y facilitada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en la cual se llegaron a firmar varios acuerdos que después no se implementaron por negativa de los opositores al proyecto.

Los miembros de la Comisión Nacional Extraordinaria por la Transparencia recomendaron que el Gobierno de la República reinstale un sistema de diálogo con la participación de lí­deres indí­genas, de los miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo y de las autoridades democráticamente electas, tales como la alcaldesa y los concejales, el cual debe orientarse a brindar información sobre todas las implicaciones del proyecto integral de la cementera, también la forma en que se llevarán a cabo los procesos, las medidas de prevención y mitigación del impacto ambiental de la construcción y funcionamiento de la planta, además de los beneficios que recibirá el Municipio.

Los representantes de la cementera señalaron que es importante que esta recomendación se tome en cuenta a la brevedad posible, ya que se ha buscado la forma adecuada que permita informar a las comunidades sobres las realidades y beneficios del proyecto y la conciliación de intereses que lleven a un trabajo conjunto que fortalezca en su misión de compartir sueños y construir realidades.

Por último solicitaron al Gobierno garantizar la seguridad de las personas y el Estado de Derecho necesario para realizar esta inversión tan importante para el paí­s y su desarrollo. «No existen argumentos legales ni medioambientales para oponerse a la instalación de la planta de cemento y poder generar así­ beneficios para el municipio», defendió Jorge Lemcke, gerente general de Cementos Progreso.

ORGANIZACIONES

En mayo se realizó una marcha en San Juan Sacatepéquez organizada por las 10 comunidades que están en desacuerdo con la construcción de la fábrica propiedad de Cementos Progreso, en la finca Santa Fe Ocaña, en medio de las comunidades. A dicha marcha asistieron alrededor de 10 mil personas que entregaron un memorial patentizando que no son una minorí­a los que se oponen a la misma.

Ignorando completamente la manifestación campesina, una semana más tarde se reunió el Concejo Municipal de San Juan Sacatepéquez, encabezado por la alcaldesa Marta Sicán de Coronado así­ como el representante del Gobierno, Luis Velásquez.

Según declararon en esa oportunidad, la Municipalidad y el Gobierno habí­an logrado convencer a siete de las 12 comunidades con respecto al proyecto, lo cual es completamente falso tomando en cuenta que las comunidades nunca cambiaron su posición.

En junio, ignorando la postura comunitaria sobre la no construcción de la fábrica cementera en el centro de las 10 comunidades y sin ningún tipo de diálogo entre las partes involucradas -así­ lo señalaron los grupos sindicalistas-, la empresa Cementos Progreso procedió a ingresar la maquinaria que utilizarán para la explotación de la finca de Santa Fe Ocaña; a esto lo denominaron como provocación a los vecinos de las comunidades y se reunieron para impedir el ingreso de las máquinas.

Rafael González, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), quien da acompañamiento jurí­dico a estas comunidades, señaló que las decisiones finales son de la comunidad y están preocupados por las conclusiones que sacó la comisión del Congreso.

«Han habido asesinatos y hay otros compañeros que son perseguidos judicialmente» denunció González, quien critica que después de toda la serie de visitas y estudios, la comisión hubiera tomado una posición con relación a respaldar a las comunidades y es una traición a las comunidades porque presentaron todas sus posturas con pruebas contundentes.

«Los argumentos que ponen es que no contaminará, pero ya se presentaron pruebas porque los rí­os eran cristalinos y actualmente bajan sucios» argumenta el sindicalista, que cree que por las radios dicen que darán empleo y mejorarán el ambiente; pero son mentiras.

«Empleo ofrecerán, pero hay una violación a los derechos laborales porque hay una explotación de mano de obra y ya se está dando la contaminación, eso que no han comenzado a trabajar» concluyó el representante del movimiento sindical de la región.