La resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad que definió el controversial caso del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), da ví­a libre al Congreso de la República de Guatemala para decidir la elección del nuevo Director.

Es así­ que de la nueva terna propuesta en agosto pasado, por la Comisión de Postulación y ante la renuncia que presentó la abogada Blanca Stalling, las opciones son los abogados Remberto Leonel Ruiz Barrientos y Fanuel Macbanai Garcí­a Morales

El abogado Hiram Sosa dice estar sorprendido por la resolución de la Corte de Constitucionalidad y por la serie de anomalí­as que el caso arrastra, lo que obliga a agotar una nueva instancia legal en la Corte Centroamericana de Justicia, antes de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si fuera necesario.

«Oscurece aún más el ambiente que se ha dado en cuanto a las anomalí­as que han rodeado a este proceso», enfatizó Sosa, al rechazar el cambio de magistrados para la resolución final, ya que anteriormente en lo provisional eran otros magistrados «violando así­ el principio de legalidad», alegó.

Hiram Sosa dijo que así­ se ratifican los rumores que se han venido dando en el sentido que en la Defensa Pública Penal son las mismas personas que manejan la institución alejándose del servicio jurí­dico para lo que fue creada.

«Dedicarse a negocios y tráfico de influencias que se mira ahí­. A la Defensa Pública se le está viendo como un botí­n polí­tico, únicamente pareciera que los grupos que financian la campaña para elegir a la Junta Directiva del Colegio de Abogados», criticó.

Según Sosa, únicamente utilizan al IDPP para nombrar abogados bajo un régimen laboral que les permita exigirles que vayan posteriormente a votar las planillas que a ellos les interesa para ir cooptando los diferentes cargos donde el Colegio de Abogados tiene representación».

í“scar Ruperto Cruz Oliva, presidente del Colegio de Abogados, serenamente le recordó al denunciante que ese cuerpo colegiado solo cumple con la ley, al nombrar representante en el Instituto de la Defensa Pública Penal.

«Desde ningún punto de vista el Colegio tiene injerencia en esa elección porque desde el momento que se nombra el representante, ellos son autónomos, ellos toman sus decisiones», aclaró Cruz Oliva.

También negó que Justicia para el Cambio haya sido apoyada con autobuses de la Defensa Pública Penal en su candidatura y tampoco que sea botí­n polí­tico el IDPP, «Es una reacción precipitada del licenciado (Sosa) por los mismos intereses que él tiene para dirigir la Defensa Pública Penal», señaló.