En realidad, la crisis no ha sido resuelta, sino que solamente pospuesta, porque la restitución de Zelaya a la presidencia (y no al poder) está en manos de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso, dos enemigos suyos. Se habla de un pacto secreto entre el Gobierno de Estados Unidos y los golpistas, para garantizar una opinión favorable de la CSJ y los votos suficientes en el Congreso para que vuelva Zelaya. Pero esos pactos secretos no siempre funcionan y, en este caso, los republicanos de Estados Unidos, que han apoyado a los golpistas desde el principio, estarí­an interesados en dañar las imágenes de Clinton y Obama. No sorprende que el gobernante de facto pretenda dirigir el gobierno de transición; a lo mejor, más bien, termina en una cárcel de Miami, como Noriega.

 

Suponiendo que el Congreso acata el pacto alcanzado, lo cual no es seguro, los poderes de Zelaya serán inexistentes. Mientras tanto, la comunidad internacional se ve obligada a tragarse las elecciones del 29 de noviembre. Es más, el movimiento social de Honduras fue forzado a renunciar por ahora a la idea de cambiar la Constitución, la camisa de fuerza contra el pueblo, como ocurre en Guatemala. Todo puede cambiar si los golpistas, en su torpeza y arrogancia, impiden el retorno de Zelaya. En ese caso, la comunidad internacional debe desconocer el proceso eleccionario y a quien resulte electo.

 

Por lo observado a lo largo del perí­odo de los golpistas, de consolidarse el golpe, lo único que cabe esperar para el movimiento social es más represión. La derecha se dedicará a consolidar su poder y a impedir que Zelaya o alguien que surja como lí­der del movimiento de soberaní­a de Honduras pueda llegar a la presidencia, al igual que en Guatemala resulta hoy impensable un gobierno progresista. Con todo esto, lo único positivo que se ha logrado es reiterar que los golpes de estado no son la ví­a para hacerse del poder; pero al faltar la contundencia del caso en su rechazo, los paí­ses latinoamericanos deben entender la lección de no esperar «soluciones» de Estados Unidos. Los intereses de éste y de las clases dominantes se siguen defendiendo con medidas contrarias a los intereses nacionales; lo aplicado a Zelaya no fue más que la actualización de la acción anti-Aristide en Haití­, que ha llevado a ese paí­s a la condición de estado fallido. Serí­a sumamente ingenuo que los pueblos de América Latina, particularmente los centroamericanos, no nos preparáramos para un nuevo enfrentamiento con las clases dominantes, respaldadas por los intereses económicos y geopolí­ticos -bases militares y canales- de los Estados Unidos. Se acerca un nuevo ciclo de luchas y debemos prepararnos para ellas.