Xavier Michon es administrador de empresas y cientista polí­tico. Desde el año 2007, es el Director de Paí­s para Guatemala del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En esta entrevista se refiere al Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009 – 2010: «Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el Desarrollo Humano». Afirma que invertir en las personas es una ví­a importante para impulsar el desarrollo, y por ende, resolver el grave problema de la inseguridad ciudadana. Se refiere a la violencia contra las mujeres como un tema de poca discusión en Centroamérica que es necesario visibilizar, porque la violencia contra la mujer nunca es aceptable, nunca es excusable y nunca es tolerable.

Michon resalta que el Acuerdo Nacional para la Seguridad y Justicia es una oportunidad para que haya mejor coordinación y mejores resultados y concluye que sí­ es posible mejorar la seguridad ciudadana, pero esto requiere un diagnóstico inteligente sobre el problema, una voluntad polí­tica real y un sistema integrado para adoptar y ejecutar acciones de corto y largo plazo.

– ¿Por qué un informe sobre Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano?

– Porque la seguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones en la región y constituye un obstáculo objetivo para el desarrollo humano sostenible, entendido principalmente como la mejora en la calidad de vida de las personas. Las personas ven restringidas sus opciones reales de vida y de organización debido a las amenazas contra la seguridad personal y patrimonial, así­ como contra bienes públicos fundamentales.

Por estas razones, el Informe se propone como un instrumento que busca alimentar procesos de reflexión y diálogo, construcción colectiva, y formulación de propuestas y acciones, que puedan contribuir a abordar los complejos dilemas de la inseguridad con un enfoque genuinamente democrático, y sobre todo, transmitiendo un mensaje esperanzador.

– ¿Qué implica analizar la seguridad desde la perspectiva del desarrollo humano?

– Una buena pregunta… Definir brevemente el concepto de desarrollo humano es importante para situar mi respuesta. El proceso de ampliación de las opciones de la gente y el nivel de bienestar que logran, se halla en el centro del concepto de desarrollo humano. Esas opciones esenciales de la gente son: vivir una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para tener un nivel de vida decente. Otras opciones, a las que muchas personas asignan gran valor, van desde la libertad polí­tica, económica y social hasta las oportunidades para tener una vida creativa y productiva y disfrutar del respeto por sí­ mismo y de la garantí­a de los derechos humanos. Sin duda, el nivel de ingreso es un elemento importante del desarrollo, pero no es todo en la vida de las personas; el ingreso es un medio, pero el fin es el desarrollo humano.

En este ámbito, uno tiene entonces que analizar la seguridad desde la perspectiva del desarrollo humano, eso implica que la inseguridad ciudadana disminuye el crecimiento económico limitando la libertad de trabajo, ingresos y consumo; dificulta la integración social, en particular la atención en salud y educación se vuelve más costosa, con mayores hospitalizaciones y la escuela ya no es el sitio seguro; y afecta negativamente la democracia. En estas circunstancias, la desesperación hace que las personas desconfí­en de los procesos democráticos y comiencen a legitimar procesos fuera de la justicia en un ordenamiento legal.

Me parece oportuno resaltar que no es casual que los paí­ses que han venido elevando sus indicadores de salud, educación, ingreso y mejorando la igualdad, el respeto a los derechos humanos y fortaleciendo su democracia, también han disminuido sus niveles de violencia y criminalidad. Invertir en las personas es una ví­a importante para impulsar el desarrollo, y por ende, resolver el grave problema de la inseguridad ciudadana.

– En el informe se asevera que no existe «inseguridad» sino «inseguridades». ¿Qué hay que entender por esta afirmación?

– El Informe refleja la multidimensionalidad de un problema que no es igual para cada paí­s centroamericano pero que tiene los mismos efectos nefastos para el desarrollo de las personas que viven en la región. Por eso, el Informe no habla de una in-seguridad sino de diversas in-seguridades.

Lo que explica que la «inseguridad» como tal es una abstracción que resulta complicado combatir. Pero las inseguridades pueden ser resueltas una a una. Si en lugar del estudio genérico de inseguridad se hace con los riesgos y amenazas en la seguridad social, seguridad industrial, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana y la que afecta a las personas, a la familia, al barrio, a la nación y a la región.

– Hay un debate respecto a si la violencia y la inseguridad son fenómenos en sí­ mismos o son efectos de situaciones estructurales como la desigualdad y la pobreza. ¿Qué opinión le merece este tema?

– Se dan las dos situaciones. Existe una relación entre los lugares con mayores indicadores de desigualdad y una mayor violencia. Pero también hay casos como Nicaragua con niveles altos de pobreza y desigualdad pero con una tasa de homicidios (que es) una tercera parte de la de Guatemala. La explicación es que no necesariamente la desigualdad debe generar violencia, pero sí­ es seguro que es un terreno favorable para las inseguridades.

Especialmente, hay paí­ses que a pesar de sus bajos indicadores de desarrollo humano han desarrollado prácticas de seguridad y justicia efectiva y al mismo tiempo motivan a salir de la pobreza con medios legí­timos que socialmente son valorados. En todo caso, no considero que el foco de la atención sea el orden de la generación, sino que hay que trabajar simultáneamente en ambas prioridades, reduciendo las desigualdades y disminuyendo lo más posible las inseguridades.

– ¿Cuáles son los principales hallazgos que usted destacarí­a respecto del Informe?

– Se diferencian las inseguridades objetivas y subjetivas o percibidas. Se desbaratan ciertas creencias o falacias, como que el paí­s era más seguro antes, que la violencia es culpa de los jóvenes o pandilleros, que la mayorí­a de delincuentes son extranjeros, que las mujeres y los niños están más seguros en sus casas, que la pena de muerte, la militarización o las armas son opciones para mejorar la seguridad y otras más que luego de un análisis son percepciones que se quedan sin sustento real.

En el plano de inseguridades ciudadanas, el riesgo real depende, entre otros, de cuál tipo de delito estemos hablando, del sexo, y la edad de la persona, de su origen social, del lugar de residencia, del sitio y hora del hecho, de las cautelas que cada quien haya tomado y de la protección que le ofrezca el Estado.

Dirí­a que los dos mensajes centrales del Informe son, en primer lugar: sí­ es posible mejorar la seguridad ciudadana y para ello existen soluciones conocidas, y en segundo lugar, la seguridad ciudadana requiere un diagnóstico inteligente sobre el problema, una voluntad polí­tica real, un sistema integrado para adoptar y ejecutar acciones de corto y largo plazo y un compromiso con los valores de la democracia.

– Guatemala presenta uno de los í­ndices más altos de asesinatos de mujeres y violencia contra las mujeres. Uno de los aspectos más preocupantes es la impunidad que rodea la gran mayorí­a de los casos. ¿Cómo aborda el Informe este flagelo y qué opinión tiene el PNUD sobre lo que ocurre?

– Con algunas excepciones, la violencia contra las mujeres ha sido un tema de poca discusión en Centroamérica. El Informe dice que la mitad de las mujeres centroamericanas han sido objeto de violencia durante su vida adulta y casi siempre quien las ha agredido no es un extraño, sino el hombre que escogieron para compartir su vida. La inseguridad invisibilizada de la mujer centroamericana reviste cuando menos seis modalidades aberrantes: homicidios y participación en actividades delictivas, abuso de las autoridades, maltrato en el hogar, abusos sexuales, explotación laboral y explotación sexual comercial.

El primer paso en la lucha contra este flagelo es elevar el nivel de conciencia sobre su naturaleza, su magnitud y sus consecuencias para todos. Es importante reiterar que la violencia contra la mujer no sólo es una infracción a los derechos humanos, sino que además impone enormes costos económicos y sociales y perjudica la contribución de las mujeres al desarrollo, la paz y la seguridad. Considerando también que la violencia radica en patrones culturales que sustentan las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, es primordial promover la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y velar por el pleno ejercicio de los derechos humanos de la mujer.

No hay un enfoque único para combatir la violencia contra la mujer, lo que da buenos resultados en un paí­s tal vez no surta los efectos deseados en otro. Cada paí­s debe elaborar su propia estrategia. Pero en todo esto hay una única verdad universal aplicable a todos los paí­ses, todas las culturas y todas las comunidades: la violencia contra la mujer nunca es aceptable, nunca es excusable, nunca es tolerable.

– Está claro que las medidas que se han adoptado hasta ahora para combatir la violencia y las in-seguridades han sido ineficaces. Las tasas de homicidio en todos los paí­ses de Centroamérica han aumentado en lugar de disminuir. ¿Qué tipo de polí­ticas de seguridad ciudadana es necesario impulsar para revertir esta tendencia?

– El Informe propone un contrato por el civismo basado en tres principios: La legalidad como un apego irrestricto a la ley, la universalidad con una ley aplicada de manera justa para todos y la solidaridad que considera a las personas marginadas o excluidas para incluirlas en el orden económico y social a fin que puedan suscribir también el contrato por el civismo.

El Informe recomienda también un sistema de seguridad ciudadana y justicia penal provisto de dos grandes ejes: la organización y la administración. La organización implica que garantizar la seguridad ciudadana es la primera obligación y es la razón de ser del Estado. Para cuidar este derecho se debe ver la seguridad como un asunto público y transparente en todos los entes del Estado. Las ciudadanas y los ciudadanos tienen el deber de respetar las leyes y de apoyar a las autoridades cuando ellas cumplen. Mientras que administración implica que se deben asignar recursos y manejar mejor los sistemas de seguridad ciudadana y justicia en la recolección, procesamiento y uso de la información. Cabe resaltar también que la seguridad ciudadana requiere una polí­tica de Estado y no de gobierno. Lo cual implica consulta permanente y colaboración entre las varias ramas del poder público, así­ como una visión de largo plazo más allá del perí­odo gubernamental y por encima de los efectos coyunturales.

– Este año, los tres poderes del Estado firmaron el Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia, que además involucra al Ministerio Público. Los avances hasta el momento no han sido los esperados. ¿Qué valoración hace de esta iniciativa y cómo puede este Informe convertirse en una herramienta para que se logren resultados visibles y concretos?

– El Acuerdo es uno de los puntos de partida más importantes y hay que valorarlo como tal. Es un instrumento importante para centrar acciones para abordar de una manera integral las causas profundas de la inseguridad, haciendo a un lado las agendas polí­ticas, o las agendas partidistas. La implementación de una hoja de ruta con suficiente respaldo es la mejor oportunidad que puede tener la sociedad en su conjunto. En pocas palabras, considero que se trata de un lineamiento nacional claro, un acuerdo necesitado, y de nuevo, una gran oportunidad para que haya una mejor coordinación, y por consiguiente, que haya mejores resultados.

– Naciones Unidas ha apoyado en los procesos de fortalecimiento de la justicia y la seguridad y la lucha contra la impunidad. Un apoyo concreto es la instauración de la CICIG en el paí­s. ¿Cómo analiza el papel que la Comisión ha jugado en estos dos años de trabajo en el paí­s y cuáles son los retos que tiene de cara al futuro?

– La labor que la CICIG viene desarrollando en el paí­s es digna de destacar y de reconocer. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó esta semana una resolución importante sobre la CICIG en la cual se resalta el importante progreso alcanzado y se felicita por el compromiso de combatir la impunidad en el paí­s. La resolución fue co-auspiciada por 70 Estados miembros que manifestaron su apoyo a la CICIG.

En sus dos años de actividad la CICIG ha logrado establecerse como una entidad seriamente involucrada en el proceso de fortalecimiento del sector justicia y seguridad en Guatemala. Habiendo enfrentado una disposición no siempre favorable de importantes sectores sociales en sus inicios, hoy ya no está en debate la legitimidad de la Comisión y es ampliamente reconocida la importancia que su trabajo tiene para fortalecer el Estado de Derecho en el paí­s. Hoy se comprende que la labor de la Comisión está dando pasos importantes para fortalecer las capacidades del Estado guatemalteco.

En cuanto a esa visión hacia el futuro, considero que se trata de reto común donde debemos colaborar como Estado de Guatemala, sociedad civil, sector privado y comunidad internacional a establecer los mecanismos y fomentar las capacidades nacionales para continuar con la labor impulsada por la Comisión en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Este reto común implica para el Estado de Guatemala fortalecer los controles internos que permitan combatir decididamente la corrupción; fundamental responsabilidad también en asignar los recursos a las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia que son los temas que han sido identificados como prioridades nacionales (…) Por su lado, la sociedad civil debe contribuir al proceso generando propuestas de calidad técnica y estableciendo mecanismos de rendición de cuentas y auditorí­a social de los procesos en marcha; el sector privado debe continuar con el avance conceptual iniciado en el proceso de la ENADE 2009 en que se reconoce la necesidad de apoyar a las instituciones nacionales a ejercer su responsabilidad con respecto a la seguridad y la justicia; y la cooperación internacional debe alinearse con las pautas establecidas por la institucionalidad nacional y armonizar su cooperación en atención a la Declaración de Parí­s sobre Efectividad de la cooperación para el Desarrollo.