El problema de los refugiados climáticos, obligados a dejar sus tierras por los efectos del calentamiento global, sigue siendo un tema tabú para los países afectados y un rompecabezas para Naciones Unidas a la hora de crear un estatuto específico para ellos.
«Sigue siendo un tabú. Tanto los países de origen como los de acogida son reticentes, incluso hostiles, a abrir el debate. En particular porque no existen previsiones del número de personas que se verán afectadas», explica Jean-Franí§ois Durieux, responsable de cambio climático del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En una entrevista con la AFP al margen de la negociación climática de Barcelona, Durieux afirmó esperar que el futuro acuerdo de Copenhague, que debe cerrarse en diciembre, incluya esta cuestión y permita «generar la confianza necesaria para abrir este debate». Por el momento, lamenta, se trata de una «conspiración del silencio».
En 2050, el número de personas obligadas a abandonar sus tierras a causa de la degradación del clima podría alcanzar entre 200 y 250 millones, según estimaciones de la Oficina Internacional de Migraciones. «Pero no es posible hacer un pronóstico y esta falta de predicción es aterradora», explica Durieux.
El representante del ACNUR juzga también arriesgado llevar el debate hacia la creación de un estatuto del refugiado climático. «Si intentamos promover una obligación de acogida a largo larzo, no llegaremos a nada», advierte.
Para crear esta nueva figura jurídica del «refugiado climático», sería necesario enmendar el estatuto internacional de 1951, que reconoce como refugiado a una persona víctima de persecución y violencia, y que los 192 miembros de Naciones Unidas elaborasen un nuevo tratado.
Por otra parte, advierte Durieux, «esto puede provocar un efecto bumerán en las personas que ya huyen de las persecuciones amenazando al régimen de protección actual».
La reflexión debe partir de la imposibilidad para estos desplazados de volver a su región de origen a causa de la degradación de su hábitat y trabajar con los países de acogida para que no se les considere como inmigrantes ilegales y se les permita quedarse, explica.
Por otra parte, muchas de las poblaciones expulsadas de sus tierras por las catástrofes naturales no cruzan las fronteras internacionales, sino que se desplazan a otras regiones dentro de su país. Estas personas ya están, al menos en teoría, cubiertas por un estatuto jurídico, pese a que a veces éste no es repetado, recuerda.
«La dificultad de una nueva definición será asegurar que una vez creada, será respetada. Y sería necesario poder establecer con claridad un vínculo directo con las causas climáticas», explica el representante del ACNUR.
Los refugiados climáticos ya son una realidad, pese a que en algunos casos huyen oficialmente de conflictos armados, como en Darfur. «Es una lucha por la supervivencia, pero no existe ninguna obligación de acoger a las personas que huyen de la pobreza», explica Durieux.
El experto del ACNUR espera que su organismo esté en medida de hacer propuestas sobre los refugiados climáticos el próximo año. De momento, intenta gestionar las consecuencias del cambio climático en sus propias infraestructuras, como un campo de 300.000 refugiados en el norte de Kenia, que se ve frecuentemente inundado.
Los ministros de finanzas y los banqueros centrales del G20, que incluye a Argentina, Brasil y México, debatirán economía y cambio climático desde el viernes en la localidad escocesa de Saint Andrews, en una reunión para profundizar las decisiones de la pasada cumbre de Pittsburgh.