En los paí­ses en ví­as de desarrollo, a diferencia de los paí­ses desarrollados, son múltiples los aspectos que, valga la redundancia, no se han desarrollado. Si bien a quienes les encanta hablar del libre mercado, argumentan que el mercado asigna eficientemente los recursos y que el consumidor tiene la preparación y la capacidad para evitar abusos, sobreprecios o engaños, la realidad es que en los paí­ses en ví­as de desarrollo, el consumidor no está preparado, tampoco protegido por las leyes y normas, ni está organizado privadamente en asociaciones o entidades civiles para evitar que se abuse de él.

 

En Guatemala, pretender decir que el libre mercado funciona, que el consumidor tiene la capacidad y la habilidad para saber tomar las decisiones de compra y adquisición de bienes y servicios, es broma. Aunque así­ fuera, eso no significa que el Estado no establezca las normas, las leyes que garanticen certeza y eviten el abuso de las personas individuales o jurí­dicas que consumen los bienes que necesitan y ofrece el mercado.

 

No se ha normado, mucho menos establecido, los mecanismos que garanticen al consumidor, que eviten el abuso. Las escasas disposiciones que existen al respecto son papel mojado. El Ministerio de Economí­a, durante los gobiernos anteriores, incluyendo del que fui parte, creó algunos mecanismos, aún así­ estos no han sido suficientes y aunque un consumidor puede requerir en un comercio el libro donde dejar constancia de su protesta, cuántos de esas denuncias han tenido un resultado real.

 

La Comisión del Consumidor en el Congreso de la República, igual que todas las comisiones cuentan con ciertas estructuras y recurso humano, pero podemos decir que ha sido eficiente: lo dudo. Y sin ánimo de criticar, mucho menos de emplazar, a quienes la han presidido y la integran, a las pruebas me remito.

 

De la misma forma que parte de la sociedad civil se ha activado buscando la mejora de la justicia, deberí­a de activarse para que hubiera una fiscalización permanente de los productos y servicios que se ofrecen al pueblo consumidor, comprobar y controlar el contenido de los productos, el peso, empaque, el cumplimiento de normas de calidad y de salud.

 

En Italia, por ejemplo, las bebidas enlatadas se ofrecen al consumidor con una pequeña cubierta de papel de aluminio que se remueve al momento que se va a beber el contenido de la lata, logrando así­ que no hayan impurezas, mucho menos contenidos tóxicos que en el almacenaje hayan podido caer en la superficie de la lata del refresco, cerveza e incluso de agua.

 

El Estado tiene la obligación de monitorear los precios, de informarle, a través de la televisión, la radio y los medios escritos, al público consumidor dónde le conviene más abastecerse de bienes y servicios, por ejemplo, dónde le conviene comprar los combustibles. Cuando me refiero a informar, no es de vez en cuando sino de forma sistemática y permanente.