Durante los gobiernos de la revolución de octubre, el Estado benefició de forma directa a la población trabajadora y campesina. Se buscó apuntalar el desarrollo del país, por medio de generar condiciones favorables para que la economía creciera interactuando la gran empresa con la clase trabajadora. Se crearon instituciones de apoyo al sector agrícola: el Instituto de Fomento de la Producción (INFOP), el Banco Nacional Agrario (BNA), el Departamento Agrario y los Comités Agrarios Locales. Estos últimos tres como instrumentos de aplicación de la Reforma Agraria.
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En 1948, el gobierno de Juan José Arévalo creó el INFOP. í‰ste tenía por objeto incrementar, diversificar y racionalizar la producción en todos sus aspectos. Tuvo dentro de sus propósitos: combatir la escasez de las subsistencias, incrementando la producción de alimentos básicos. Con la acertada visión de crear reservas estratégicas de granos, se construyeron silos para el almacenaje en función de evitar la pérdida de cosechas de los agricultores.
Para inicios de 1967, el INFOP contaba con una existencia de 175 mil 598 quintales de maíz en silos. Ese año las ventas públicas de maíz fueron de 262 mil quintales. Se compró maíz nacional y maíz importado dependiendo de la oferta nacional. Con esto el gobierno planteaba una intervención efectiva en el mercado a nivel de contrarrestar un alza inmoderada del precio del maíz. El arroz también fue sujeto de compra y venta por parte del INFOP.
En los años setentas, se creó el Instituto de Comercialización Agrícola, INDECA. Esta entidad procuró precios de garantía para la producción campesina de granos básicos; mantuvo reservas estratégicas de alimentos utilizadas por el Estado en calamidades como la sequía de 1972, el terremoto de febrero de 1976, y durante el conflicto armado interno. INDECA vendió alimentos al por menor en las épocas del año de poca oferta. Fue desmantelado por el gobierno neoliberal de ílvaro Arzú en 1997 y 1998.
Hoy la sociedad guatemalteca muestra su rostro más vergonzoso: desnutrición crónica en más de la mitad de sus infantes. Desigualdad estructural en la tenencia de la tierra, falta de políticas de apoyo a la producción de alimentos, apertura comercial y cambio climático se unen en una tormenta perfecta para privar de alimentos básicos a grandes contingentes de hermanas y hermanos guatemaltecos.
Más que nunca es evidente la necesidad de que el gobierno implemente políticas de apoyo a la producción nacional de alimentos básicos y garantice la capacidad estatal de contar con reservas alimentarias. La regulación pública de precios es un instrumento de política que beneficiaría tanto a las y los productores como al conjunto de consumidores en el campo y la ciudad. Las reservas públicas garantizarían disponibilidad de alimentos en momentos como el actual. Hoy Guatemala no tiene reservas públicas alimentarias.
Por ello, es imprescindible que el Congreso de la República apruebe de emergencia nacional la Iniciativa de Ley de Desarrollo Rural, presentada por el gobierno y organizaciones sociales. Dicha iniciativa se encuentra en la Comisión de Agricultura esperando dictamen favorable para su discusión posterior en el pleno.
El Legislativo debe asignar en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado 2010, los recursos suficientes para que se implemente la Política Nacional de Desarrollo Rural aprobada por el Poder Ejecutivo. Esta política incluye una serie de medidas en función de apoyar la economía campesina y fortalecer la producción nacional de alimentos, incluyendo la creación de reservas alimentarias y la compraventa pública de granos básicos.