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ílvarez es el primer presidente electo de la nueva CSJ cuya administración dio inicio el 13 de octubre último; dos semanas después habla sobre la transición entre el anterior y el actual grupo de magistrados y de algunos temas a futuro.

– A dos semanas de la transición de la CSJ, ¿considera que ya está instalada por completo?

– La instalación fí­sica, por así­ decirlo, ya está; desde que tomamos posesión del cargo, pero si se toma por concepto de instalación el tener el control de todo lo que está sucediendo, le dirí­a que todaví­a no porque las Cámaras aún están adaptándose para la integración de los letrados.

– ¿Qué tipo de problemas?

– Ha habido cierto desorden en cuanto a ellos: la Ley permite que el nuevo magistrado traiga su o sus letrados y el problema que tenemos es la acomodación; dejamos estos letrados que tienen contrato 0-29 o dejamos los que están. Creo que eso lo vamos a discutir en este mes para arrancar en noviembre cada magistrado con sus letrados.

– ¿Podrí­an haber despidos en toda esa transición?

– Lamentablemente, sí­. La intención no es venir a despedir a nadie, pero tenemos que ordenarnos y, ayer, nos presentaron un informe de Gerencia General y Recursos Humanos donde indican que lo adecuado es que cada magistrado de las Cámaras Civil y Penal tengan dos letrados y los de la Cámara de Amparos, cuatro, porque el trabajo es mayor; pero hay magistrados de la Cámara Civil o Penal que tienen cuatro o cinco letrados. No venimos con la intención de despedir a nadie, porque no sé quienes están ahí­.

– ¿Cómo se va a proceder?

– Lo que vamos a hacer con los magistrados es decirles: «Si usted necesita dos, elija dos y el excedente pues… lo sentimos mucho?» Son profesionales y todos tenemos el derecho a ganarnos el sustento en forma legal, pero si hay un excedente, heredado de la Corte anterior hay que tomar una decisión.

– En el tema de los antejuicios ha habido bastante demanda para que sean resueltos en breve para evitar recusaciones, ¿qué hará la CSJ para responder a esa demanda?

– He conversado con la Cámara de Amparos y Antejuicios y me han dicho que van a acelerar el trámite; pero no en el sentido de violentar los plazos, sino se ocuparán de reactivarlos. No hay ningún interés en «congelar» algún expediente para favorecer a funcionarios, al contrario, hay que continuar el trámite y si arroja a que se declare con lugar va a ser declarado con lugar.

– Pero entre más tiempo les tome, habrá también el riesgo, por así­ decirlo, de que haya recusaciones.

– Lamentablemente, la Ley permite ese medio para atrasar el proceso, que es la recusación. Los casos para recusación los establece taxativamente la Ley del Organismo Judicial, desgraciadamente se abusa de ese medio; pero si por ejemplo un magistrado tiene enemistad con una persona sometida a antejuicio, lo ideal es que se excuse o que lo recusen; el problema es cuando se utiliza la recusación como un recurso para entorpecer el trámite. Se hace un uso abusivo de ese medio y no se puede evitar.

– Desde la anterior gestión, fue un hecho que las sesiones de plenos retrasan la resolución de los antejuicios, ¿qué hará la CSJ para evitar esos retrasos?

– Me he percatado que es necesario crear una Cámara o sección que vea los aspectos administrativos, porque estos ocupan mucho espacio; en la Presidencia más del 90 por ciento de la actividad es administrativa, no hace función jurisdiccional, y cuando hay pleno, los 13 magistrados nos involucramos en ese tipo de aspectos y, tiene razón, nos quita tiempo.

– ¿Y qué se hará?

– Hay una idea de los magistrados que se cree una Cámara administrativa integrada por… bueno, ese ya será otro tema; pero sí­ se está ponderando que sea así­ porque, soy sincero, los plenos sí­ quitan mucho tiempo.

– ¿En cuánto tiempo podrí­a haber algo concreto en ese sentido?

– No me atreverí­a a dar un plazo porque tenemos dos semanas de haber llegado y realmente la problemática es tal, que hemos estado en plenos extraordinarios porque no se culminan los puntos de agenda. En la medida de lo posible, cuando nos asentemos y encontremos un ritmo de trabajo normal, vamos a tener que entrarle a ese tema porque sí­ es muy importante.

– ¿En esa misma lí­nea, se va a implementar algún mecanismo de control de asistencia laboral tanto de magistrados de la CSJ como de Salas de Apelaciones?

– El control (en el sentido que marquen tarjetas) no existe; pero la Supervisión de Tribunales deberí­a ejercer ese control. Ahora bien, actualmente no hay una forma de controlar ese aspecto porque ellos están solos en su jurisdicción y nadie los supervisa si entran a las nueve o diez. Pero estamos en eso, vamos a mandar una circular a todos los magistrados y jueces señalándoles que el horario es de 8:00 a 15:30 horas, entonces ya con eso tenemos la solvencia moral para exigirles a los magistrados. Hay que empezar predicando con el ejemplo.

– ¿Considera que hay saturación de trabajo en los juzgados?

– Sí­. Están saturados, y no sólo eso sino que no hay personal suficiente. Hace muchos años los tribunales estaban repartidos por toda la capital, después se creó la Torre de Tribunales y se concentraron, pero eso ya fue rebasado. De esa cuenta la anterior Corte tení­a contemplada la compra de un edificio, ya pedimos la información, pero no nos la han dado todaví­a. En cuanto a capacidad de trabajo sí­ es necesario instalar más edificios de tribunales y más personal.

– ¿Qué efectos tiene esa saturación?

– El atraso. No se cumplen los plazos y la justicia deja de ser pronta y cumplida, porque con el pretexto que hay mucho trabajo no se respetan los plazos; pero, el pretexto es valedero, entonces la CSJ debe tener un diagnóstico que indique, qué está pasando y por qué. Pero de hecho, exceso de trabajo sí­ lo hay.

– Se reunió recientemente con Amí­lcar Velásquez, ¿qué lineamientos se trazaron?

– La visita del señor Fiscal fue de cortesí­a; no se llegaron a puntos concretos, pero obviamente el mensaje que él se llevó y nosotros de parte de él es que tenemos que trabajar en conjunto, obviamente cada quien en su esfera de acción. Ejemplo: hay un proyecto de un circuito en Fraijanes, en un edificio de cinco niveles donde se puede albergar a la Defensa Pública, Ministerio Público, jueces y fiscales; y eso trae beneficio para todo el sistema y la sociedad en general: imagí­nese el riesgo de traer a un delincuente peligroso y se arme una balacera aquí­ en la 18 calle…

– También recibió la visita de Castresana, ¿se pudo concretar algo con CICIG?

– Van a pensar que sólo visitas de cortesí­a hemos tenido, pero la verdad fue sólo una visita de cortesí­a que hizo el doctor (Carlos) Castresana nada más para que, de los dos lados necesitamos colaborar; es decir, no sólo basta que el MP acuse con fundamento, importa que los jueces sean competentes y honestos. Tenemos que trabajar en armoní­a todos.

– ¿Cree que se pueda dar una respuesta de combate a la impunidad de parte del Sistema de Justicia?

– Yo creo que la justicia como la impunidad, es cosa de todos: de nada sirve que los jueces sean competentes y honestos si la acusación está mal planteada y la población no ayuda a denunciar a los delincuentes; entonces se debe hacer un engranaje; que la PNC haga capturas, que el MP acuse pertinentemente, que la población llegue a declarar a los procesos y que nosotros resolvamos de forma correcta y concordable con la constancia de autos, igual es la impunidad. Hay teléfonos para denuncias y hay narcos conocidos y nadie dice nada, y es por miedo, entonces creo que si todos enfrentamos ese flagelo, la impunidad se puede combatir con efectividad, pero no es sólo cuestión de un organismo.

– En el tema de la impunidad, la CICIG ha hecho pronunciamientos muy concretos, ¿considera que las entidades del Estado pueden hacerse cargo de esos casos cuando no esté la CICIG?

– Es lo deseable. Si vamos a utilizar la muletilla de la CICIG, estamos mal. Yo creo que la CICIG fue una necesidad en su momento, pero ellos deben dejar escuela, capacitar a nuestros investigadores y no sólo eso, sino darles los medios… Si la CICIG sólo va a hacer su trabajo y se va ir en dos años, vamos a regresar a como estábamos antes que viniera; pero ellos deben dejar escuela y a los que queden darle los recursos. En buen momento llegó la CICIG, pero espero que cuando cumpla su mandato ya no necesitemos de ellos, porque nosotros vamos a estar cumpliendo su labor.

– ¿Ayuda a la justicia el que haya fiscalización de la sociedad civil organizada?

– Así­ lo creo. La sociedad civil cumple un rol muy importante. El sistema acusatorio actual es preponderantemente público y cualquier ciudadano puede acceder a las audiencias y eso genera que los jueces resuelvan conforme a constancias de autos, entonces sí­ creo que la sociedad en general juega un papel importante y que debe seguirlo jugando.

– ¿Como harí­an para recibir alguna denuncia?

– Vamos a crear un teléfono de quejas y aunque sean anónimas, no vamos a proceder a sancionar a nadie, vamos a investigar por medio de la Supervisión de Tribunales; entonces si hay anomalí­as de cualquier funcionario de justicia van a ir a las Juntas Disciplinarias.

– ¿Habrá algún acercamiento de parte de la CSJ para con la sociedad civil organizada?

– Claro. Yo ya pedí­ una cita con la diputada Nineth Montenegro y posteriormente nos vamos a reunir con estas organizaciones; yo creo que todos son interlocutores válidos; lo que debe hacer uno es no condenar a nadie si antes no ha sido citado, oí­do y vencido en juicio. Vamos a recibir todo, se dará trámite a todas las quejas.

– La anterior CSJ alegó recortes en el presupuesto, ¿qué análisis ha hecho la administración actual sobre el tema del presupuesto?

– El tema del presupuesto es un aspecto sensible porque se presupuestan acciones con fundamento en cierto ingreso, obviamente al bajar los ingresos deben reajustarse las acciones. Lo que estamos haciendo es pidiendo un informe del departamento de presupuesto para ver cómo estamos. Nos vamos a reunir con el Ministro de Finanzas para ver cómo nos pueden ayudar y ver cuáles son los requerimientos para cubrir la ejecución programada.

– La anterior CSJ tení­a un promedio de Q 500 millones depositados en bancos privados, ¿ya cuentan con un informe especí­fico sobre esos fondos?

– En este momento no puedo dar una información exacta sobre cuánto, sé que hay fondos privativos y que están a plazo fijo; el problema es que si se saca el dinero antes del plazo habrí­a un castigo, por así­ decirlo, en cuanto a los intereses. Pero sí­ tenemos pendiente un informe sobre los rubros que hay ahí­ a plazo fijo y de cómo podrí­amos utilizarlo.

– ¿Continuarán haciendo depósitos a plazo fijo en bancos privados?

– Es un tema que no hemos platicado en pleno, pero pienso que lo que hay que ver es qué beneficios nos trae tener el dinero en bancos privados porque antes, era obligación de las entidades públicas tenerlo en el Banco de Guatemala, pero tendrí­a que consultar con nuestro personal de esa rama para ver qué es lo que más nos conviene sin violentar la ley.

– El OJ erogará 7.4 millones por la indemnización de los anteriores magistrados, ¿qué opinión tiene al respecto?

– No le digo si afortunada, o desafortunadamente, ese tema ya está estipulado en el presupuesto del OJ, esa erogación, cuando nosotros llegamos fue cuando entró el amparo; ya la Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar el amparo por extemporáneo.

– Pero es a esta administración a la que le tocarí­a erogar esa suma.

Aquí­ tenemos dos aspectos: pagamos porque está en el Pacto Colectivo y es ley; o, no pagamos y ellos nos demandan y vamos a tener que pagar. Es un tema difí­cil realmente.