Por supuesto que lo más fácil para cualquiera en épocas de crisis es recurrir al endeudamiento, pero un manejo irresponsable de la capacidad de financiar la actividad pública puede tener consecuencias muy serias, toda vez que ahora se plantea la necesidad de endeudarnos para comer, literalmente hablando, porque se trata de cubrir el presupuesto de funcionamiento con préstamos contratados con entidades financieras internacionales.

Un sano principio legal es que el endeudamiento público sirve para la inversión porque se supone que en la medida que invertimos estamos mejorando también nuestra capacidad de producir más como paí­s. Pero contratar deuda para pago de sueldos es irresponsable. Ciertamente ahora que estamos con el agua hasta el cuello, resultado de esa falta de previsión y la tonterí­a de los burócratas que tuvieron el tupé de decir que nuestra economí­a estaba blindada de cara a la crisis mundial, y ante el riesgo de que la falta de liquidez se traduzca en la mora de los pagos esenciales del Estado, incluyendo sueldos de los burócratas, no queda otro remedio que recurrir a las más variadas formas de endeudamiento y siempre se recurre al estribillo de que todaví­a tenemos suficiente capacidad de endeudamiento.

Sin embargo ya en los organismos financieros internacionales empiezan a encender las luces de alarma sobre el comportamiento de Guatemala porque se ha abandonado la tradicional prudencia en el manejo de la cosa pública y el Gobierno no pudo articular consensos para promover una reforma fiscal, absolutamente necesaria, pero que tendrí­a que tener como punto de partida un compromiso para revisar la calidad de gasto. Porque en vez de eso y de apostar a la transparencia, lo que ha hecho el Gobierno es incrementar las dudas respecto al manejo de los fondos y no hay en absoluto una polí­tica orientada a combatir toda forma de corrupción. No olvidemos que el mismo gobierno ha creado un viceministerio de transparencia y que el Vicepresidente ha cacareado que él es una especie de Zar contra la corrupción, pero la verdad es que no hay ni un caso, ni uno sólo, en el que se demuestre que hay verdaderamente acciones concretas para atajar ese vicio.

Y eso mantiene el argumento de los enemigos de la tributación, porque siempre tiene validez el argumento de que no se deben pagar más impuestos porque todo se lo roban. Mientras sigan escamoteando datos, ocultando información y manteniendo las prácticas de satisfacer a los financistas que dieron pisto en la campaña para recuperar la inversión mediante el asqueroso tráfico de influencias, una reforma fiscal no tiene posibilidades en el paí­s porque siempre queda la duda de cómo van a manejar los fondos.