Cuatro nuevos amparos generan otra maraña jurídica y evitan el proceso contra varios militares implicados en la masacre de Las Dos Erres avance. Con las últimas, suman 40 las acciones presentadas a lo largo del caso.
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Los cuatro militares, en activo, solicitaron por medio de las acciones de amparo que cesara la persecución penal en su contra.
La masacre de Las Dos Erres fue perpetrada el 7 de diciembre de 1982, por miembros de las fuerzas especiales kaibil, acompañados por un pelotón de 40 soldados. Las víctimas superan los 250 miembros de la comunidad, entre hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos.
Bloqueo
Los amparos que entrampan una vez más el proceso por la citada masacre fue interpuesto por el mayor, Carlos Alberto Carías; el especialista, Reyes Colin Gualic y los coroneles: César Rosales y Roberto Aníbal Rivera Martínez.
Los cuatro anteriores son señalados de haber participado en la masacre junto a 13 personas más, tanto militares en retiro como en activo.
Los argumentos vertidos en las cuatro acciones de amparo, recientemente presentadas ante la Corte Suprema de Justicia, se refieren al cese de la persecución penal en contra de los sindicados.
El proceso ha permanecido varado en esa Sala de Apelaciones desde el 28 de agosto último, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar la última acción presentada por la defensa de los militares implicados y ordenó a ese Tribunal continuar con el trámite.
Dilación
Edgar Pérez, abogado querellante en el proceso de Las Dos Erres, consideró que las acciones recientemente interpuestas por los militares forman parte de «un plan estratégico de dilación y entorpecimiento del proceso por parte de la defensa de los acusados», indicó.
El jurista añadió que con los últimos cuatro amparos suman 40 las acciones que han retenido el proceso contra los posibles responsables de esa masacre, señaló y criticó a la Sala Cuarta de Apelaciones por no pronunciarse en definitiva como lo ordenó la CC.
«La sala Contralora (Sala Cuarta de Apelaciones) se ha prestado a ese juego al no querer entrar a discutir en forma definitiva sobre el procedimiento de la Ley de Reconciliación Nacional, pese a que la CC se lo ordenó», denunció el jurista.
Selvin Flores, presidente de la Sala Cuarta de Apelaciones informó que ese Tribunal solicitó un informe a la CSJ respecto a las resoluciones de los amparos provisionales «para establecer si se otorgó o no (el amparo provisional), saber en qué situación está el proceso y entrar a conocer», enfatizó el magistrado.