Cada semana se reporta por lo menos tres muertes de trabajadores del transporte colectivo, y hoy no fue la excepción a la regla; un ayudante de la ruta a Tierra Nueva murió. Las hipótesis son las mismas: las extorsiones, el crimen organizado y ataques directos. Ante la imparable ola de violencia, el Gobierno tiene previsto entregar Q500 por cada niño que quedó en orfandad a causa de esta situación.
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«Un panorama que parece no acabar», así lo describen cientos de pilotos y ayudantes afectados por la inseguridad que azota al país, un ejemplo de ello es el caso de Gerson Pirir, de aproximadamente 16 años, quien murió cerca de un bus de Tierra Nueva, en la 12 avenida y 5ª. calle, de la colonia La Florida, zona 19.
Según testigos, el asesinato fue perpetrado por un adolescente que descendió de un vehículo blanco y disparó en diferentes ocasiones; posteriormente se dio a la fuga junto a un hombre.
Mientras tanto, el servicio de transporte de la Ruta 77 que cubre Tierra Nueva es irregular, por la muerte de un piloto el pasado sábado. Los usuarios han tenido que transportarse en taxis y otros vehículos que les cobran una tarifa de cinco quetzales.
«Hay pocos buses, los taxis y esos carros cobran cinco quetzales, yo voy para Bosques de San Nicolás y mire cuánto tengo que pagar», afirma Juana Yoc, usuaria afectada.
«Yo lo siento por los pilotos, pero también nos afecta a nosotros, porque nos quedamos sin transporte», dice Miriam Vargas.
Ante esta situación, la presidenta de la Asociación de Viudas de Pilotos, Lilian Maribel Pérez, lamentó la imparable ola de violencia contra el gremio de transportistas, quien a su vez espera confiada que la pensión de 500 quetzales que ofreció la Secretaría de Bienestar Social sea entregada a los niños huérfanos de la violencia.
Por ello, mañana se tiene prevista una reunión a las 09:30 de la mañana entre Silvia de Palomo, representante de dicha secretaría, y de las 150 viudas registradas, para consolidar la pensión prometida.
El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dicte alguna sentencia o que tome algunas medidas para verificar que el Estado guatemalteco, garantice la vida de todos los conductores del servicio colectivo de transporte público.
Esta petición se hizo ante la imparable ola de asesinatos que, hasta hoy asciende a 115 pilotos muertos y 46 ayudantes, cifras mucho mayores a comparación con el 2006 y el 2007, «parecidas a las del año 2008 pero se superaran en el presente», afirmó Polanco.