Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, perdió una batalla técnica-polí­tica más en su afán de fiscalizar los recursos que siguen llegando y se gastan a través de los fideicomisos «Mi Familia Progresa» y el de «Fertilizantes».

Tal como habí­a pronosticado el pasado jueves, no es sólo la Contralorí­a General de Cuentas (CGC) que no cuenta con datos especí­ficos, cantidad y calidad del gasto de unos 1 mil 500 millones de quetzales, por ejemplo.

Douglas Borja, director de Fideicomisos de la CGC, ilustró a la parlamentaria con ejemplos que limitan obtener esa categorí­a de datos y le agregó que ni a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se le ha permitido tener esa clase de información.

«El propio Banco Central le ha manifestado que no le da ni esa información, la solicitó la CICIG, y a la CICIG se le ha dicho: «mire, no nos dan información»», explicó Borja.

El Director de Fideicomisos pidió comprensión a la diputada; «usted sabe los problemas de esa figura sui generis, donde se unen, se confunden, causa dudas, hay discrecionalidad entre el fideicomiso constituido en el marco del Código de Comercio como Ley Mercantil y el Derecho Administrativo», abundó Borja.

También explicó que el Fiduciario pertenece al sistema financiero y basta para no entregar la información; por ello, sólo se recurre al Fideicomitente, que en esos casos son los ministerios de Estado.

«El propio Banco de Guatemala ha respondido por escrito, ustedes no tienen que hacer la auditorí­a, a mí­ me supervisa la Superintendencia de Bancos», agregó.

Además, explicaron que los fideicomitentes se amparan en el artí­culo 30 de la Constitución Polí­tica de la República que limita proporcionar información pública si se trata de datos suministrados por particulares bajo garantí­a de confidencia.

No, dijo la diputada, porque la opinión de la Corte de Constitucionalidad es que hay datos confidenciales pero no para entes fiscalizadores, entonces no se puede objetar porque está en juego dinero público y no privado, resaltó.

Arnulfo Escobar, contralor de Calidad de Gasto de la CGC, reiteró que no cuentan con la información solicitada por la parlamentaria.

Escobar quedó esperanzado en una carta recordatorio que será enviada para que la información sea entregada a la entidad estatal contralora del gasto del dinero público.

«Como institución fiscalizadora sí­ nos interesa tener el universo, porque si no de alguna manera están limitando el trabajo de fiscalización», dijeron al ofrecer que hallarán lo legal que procede para ejercer fuerza y obtener los datos.