La Comisión de Transparencia del Congreso de la República concluyó la fiscalización efectuada a las licencias de explotación de oro y cemento en el paí­s, emitiendo recomendaciones de peso técnico.

Rosa Marí­a de Frade, presidenta de esa sala legislativa de trabajo, enfatizó que para el caso de la cementera se recomienda la intervención e investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Esta recomendación se debe a que en San Juan Sacatepéquez las visitas e investigación reflejaron que se trata más de un conflicto social que ambiental, y como parte de los enfrentamientos se han observado posibles ví­nculos con grupos paralelos armados, interesados en la resolución del conflicto, explicó De Frade.

Se intentó obtener la respuesta de la industria cementera sobre este último punto, pero indicaron que están a la espera en el Congreso de la República, por lo que emitirí­an su pronunciamiento posteriormente.

Ante múltiples denuncias, también es necesario determinar si el cianuro está o no contaminando el medio ambiente de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, por que no hay una evaluación independiente del ministerio de Ambiente y recursos Naturales, resaltó la legisladora.

NO FIRMAMOS

Los parlamentarios Aní­bal Garcí­a y Otilia Lux no firmaron el informe. Ambos diputados indicaron que su negativa a avalar el informe fue porque éste carecí­a de contundencia en ciertos aspectos.

Por ejemplo, el diputado dijo que no se anotó cuántas han sido las utilidades y ganancias que el oro explotado de San Marcos le ha dejado a la empresa Montana Exploradora y cuánto al paí­s.

Garcí­a también estima que debe establecerse, «con pelos y señales», que el gobierno de ílvaro Colom sólo ha utilizado las mesas de diálogo y a funcionarios para limar asperezas con la población en ambos temas, pero solo como medida dilatoria.

Otra falla del informe, según el legislador, es que el Gobierno se ha convertido en un «protector del modelo de la propiedad privada y uso de la fuerza pública en contra de la población que ha reafirmado la oposición a esos temas».

Agregó que otro aspecto relevante era dejar escrito si hubo o no chantaje, corrupción y tráfico de influencias cuando se otorgaron esas licencias de explotación minera, «debió quedar redactado», remarcó Aní­bal Garcí­a.