EL PROBLEMA AGRARIO. En el año 1949 se promulgó el Decreto 712, por medio del cual se determinó el arrendamiento obligatorio de tierras ociosas a los campesinos, en vista de las acciones que venían tomando contra ellos los grandes agricultores. Aquel fue un primer paso para acometer la transformación fundamental de la sociedad guatemalteca, según los postulados de la Revolución de Octubre: La Reforma Agraria.
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La campaña presidencial de 1950, en la cual los partidos democráticos y las organizaciones populares apoyaron la candidatura de Jacobo Arbenz, se realizó bajo el lema de la Reforma Agraria. Arbenz recorrió el país anunciándola. Casi nadie lo tomó en serio, ni siquiera los partidos políticos que lo apoyaron, ya que por lo general, y de manera justificada, no se cree en la sinceridad de las promesas electorales; además, era propietario de una finca algodonera y, por su condición de militar, se le asociaba a los sectores conservadores.
Pasó de las palabras a los hechos, y tomó la decisión de emprender la reforma en una fecha precisa (1952), en honor a su promesa electoral. El momento mismo para emprender la reforma agraria fue elegido por Arbenz, a raíz de que la oposición conservadora realizaba movilizaciones cada vez más amenazadoras, en las cuales se unificaron las banderas del anticomunismo y de la defensa de la religión.
En el discurso que pronunció al asumir la Presidencia dijo: «Nuestro gobierno se propone iniciar el camino del desarrollo económico de Guatemala, tendiendo hacia los tres objetivos fundamentales siguientes: 1) convertir nuestro país de una nación dependiente y de economía semicolonial en un país económicamente independiente; 2) convertir a Guatemala de país atrasado y de economía predominantemente semifeudal en un país moderno y capitalista; y 3) hacer porque esta transformación se lleve a cabo en forma que traiga consigo la mayor elevación posible del nivel de vida de las grandes masas del pueblo».
Además de hacer forzoso el arrendamiento de las tierras ociosas, el Decreto 712 fijó el pago de la renta en un 10% de la producción; y después, por medio del Decreto 853, fue promulgado por el presidente Arbenz en un 5%. Anteriormente, los campesinos pagaban, en especie, rentas hasta del 60% de las cosechas. El problema fundamental era, en definitiva, el alto grado de ociosidad de las tierras y el bajo nivel tecnológico en su aprovechamiento. Las fincas mayores de 900 hectáreas utilizaban sólo el 28% de su extensión; estaba ocioso el 61% de la tierra y no era utilizable el 11% restante. Esta fue la situación que Arbenz trató de modificar mediante la afectación de las tierras ociosas y las que no eran destinadas a cultivos técnicos o económicos.