En la actualidad, más de tres millones de guatemaltecos padecen hambre, prácticamente el doble que lo que ocurría en 1991, de tal suerte que en materia de alimentación y desnutrición hemos retrocedido durante los últimos 17 años, y, para no variar, los grupos más afectados son las poblaciones campesinas e indígenas, sobre todo en las regiones con más altos índices de concentración de la tierra, lo que significa menores posibilidades de esos grupos de realizar actividades para producir o adquirir los alimentos necesarios para su subsistencia.
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  Así lo asegura un documento que recibí del Colectivo Social por el Derecho a la Alimentación con motivo de haberse conmemorado el Día Internacional de la Alimentación el 16 de este mes; sin embargo, este lacerante fenómeno no pierde actualidad mediática, porque infortunadamente se mantiene el conjunto de políticas agrarias, comerciales y laborales que se oponen a los derechos de la población guatemalteca; y persiste el debilitamiento y la desestructuración de las escasas políticas sociales agrarias por parte del Estado.
  Pese a que el gobierno del presidente Colom se autodefine socialdemócrata y ha
puesto en marcha programas de cohesión social, especialmente por el interés de la Primera Dama, aún promueve un conjunto de acciones que debilitan las instituciones vinculadas con el cumplimiento del derecho a la alimentación mediante un pacto fiscal equitativo y redistributivo de la riqueza y que genere los recursos necesarios para que el Estado cumpla sus obligaciones constitucionales, además de mantener acciones represivas y de persecución contra los movimientos sociales, especialmente aquéllos que actúan en legítima defensa del territorio y la vida de sus familias.
  El estancamiento del salario mínimo -advierte el documento que me envió el investigador social Manasés Salazar- implica que más de la mitad de la población económicamente activa no logre cubrir ni siquiera los mínimos que establece la canasta básica alimentaria, y a pesar de que el precio de los alimentos que la componen disminuye levemente durante el presente año, aún no se logra recuperar el nivel de los precios de los mismos durante el año pasado. La barrera de Q1,700 fue superada desde el mes de marzo de 2008, marcando una acelerada tendencia que, a partir de agosto, superó los Q1,950 y que todavía no se logra revertir.
  El Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional no ha coordinado las acciones de las instituciones que la integran y no cumple  con la política nacional que abarca ese mecanismo, por lo que no se ha encarado con seriedad y eficiencia la actual crisis alimentaria que sufren las poblaciones más empobrecidas, que es consecuencia no sólo de la sequía que sufre todo el territorio nacional y que impacta con mayor gravedad en el Corredor Seco, sino que es el efecto de la aplicación de políticas erráticas que durante décadas han postergado las necesidades de los grupos sociales más pobres del país, favoreciendo los intereses del pequeño sector agroexportador.
  Asevera el Colectivo por el Derecho a la Alimentación que aunque durante años se han realizado esfuerzos para desarrollar herramientas políticas para enfrentar la carencia de alimentos, los gobiernos que se han sucedido en décadas se han negado a utilizar políticas que aborden las causas estructurales que provocan el hambre y la pobreza. Como alternativa, persiste la respuesta errática de apoyarse especialmente en brindar asistencia alimentaria a las poblaciones que ya han caído en situación de hambruna y que sufren los efectos irreversibles de una vida marcada por la desnutrición crónica, lo que no implica que no deba asistirse de inmediato a esos sectores en profunda crisis de falta de alimentos. (Sigue)
  (El campesino Romualdo Tishudo, devenido en lustrador, le dice a su familia: -El domingo los llevaré a mirar tomar atol de elote en El Obelisco).