Esto lamentablemente no se ha visto reflejado en mejoras que se puedan apreciar a la población en educación y salud preventiva, por parte de las municipalidades, salvo alguna rara excepción, es inexistente. A lo que se le debe de agregar que el rendimiento y auditorí­a de cuentas, tanto del aporte constitucional como del aporte de IVA-Paz a las municipalidades no se fiscaliza, no se conoce.

 

En ningún municipio puede decirse que se sabe cómo se invierte el presupuesto de ingresos de la municipalidad, menos aun que se sepa qué porcentaje de este aporte e impuesto especí­ficamente, que constitucionalmente tiene un destino especí­fico, se cumple. Hecho que evidencia que lamentablemente la gran mayorí­a de alcaldí­as se preocupan de los ingresos pero no dan cuentas que permitan justificar su pretensión de aumentar esos ingresos y de demostrar que la descentralización se está traduciendo en una realidad.

 

Ante la crisis mundial, ante la baja de ingresos en el paí­s, producto de la baja recaudación, las municipalidades han visto que las cifras que se les traslada por parte del Ejecutivo como aporte Constitucional y como porcentaje del IVA-Paz decrecer. Ni lerdos, ni perezosos, ante esa situación, optan por el camino más fácil, requerir que se les aumente la aportación del IVA-Paz al doble. También requieren que las cantidades que se «presupuestaron» se les mantengan como  si no hubieran sido un estimado; en otras palabras, no miran quien se las debe sino quien se las pague.

 

Esto evidencia la falta de madurez que todos debemos tener, la falta de reconocer y comprender que el decrecimiento de los ingresos se debe a la falta del aumento de la carga tributaria, aspecto endémico en Guatemala, que nos ha colocado al más bajo nivel de recaudación de todos los paí­ses de América Latina. No se desea cambiar porque es más fácil irse por la solicitud de reasignar los ingresos del Estado con la excusa de la descentralización y no aceptar que en Guatemala ningún gobierno podrá salir adelante, ni satisfacer las necesidades que se derivan de los derechos individuales y colectivos establecidos en la Constitución si no es mediante el establecimiento de impuestos directos, que simplemente recurrir a pedir y pedir más sin demostrar que lo que se ha recibido ha sido legal y efectivamente bien empleado.

 

Ser alcalde, ser diputado, ser funcionario no es fácil, significa decidir buscando el bien común y administrar correctamente, no importando la popularidad sino la corrección aunque ello implique la crí­tica de quienes se vean afectados en su interés particular.