Representantes de Manuel Zelaya y del gobierno de facto analizaban a contrarreloj una propuesta definitiva sobre la vuelta al poder del mandatario derrocado, después de que éste prolongase hasta hoy el límite para una solución negociada a la crisis.
Los negociadores intentan llegar a un acuerdo sobre si corresponde al Congreso o la Corte Suprema de Justicia decidir la restitución de Zelaya, tras un nuevo plazo impuesto por el líder derrocado que vencía este mediodía para concluir el diálogo.
«Estamos optimistas, pienso que vamos a llegar a un acuerdo», afirmó el jefe de la comisión de Zelaya, Víctor Meza, quien advirtió que «si no se logra un acuerdo una salida serán la ingobernabilidad, el desorden, la convulsión social».
El plazo venció a las 18H00 GMT de este viernes, pero pese a ello las conversaciones continuaban, constataron periodistas de la AFP.
Antes de iniciar la decisiva jornada de diálogo, Vilma Morales, portavoz de la delegación de Micheletti, dijo a la AFP: «hay optimismo». «Tiene que salir algo bueno para el país, estamos ultimando detalles, hemos avanzado un 95%», subrayó.
El retorno de Zelaya a la presidencia es el único punto que falta por firmar del plan que propuso el gobernante costarricense y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, llamado el «Acuerdo de San José», con el fin de solucionar la crisis desatada tras el golpe de Estado del 28 de junio.
Las partes acordaron la creación de un gobierno de unidad, celebrar elecciones el 29 de noviembre, no aplicar amnistía y un tema que era sensible: la renuncia de Zelaya a convocar a una Asamblea Constituyente.
Zelaya fue sacado de su residencia bajo la mira de los fusiles M-16 del Ejército y expulsado en un avión hacia Costa Rica acusado por el Congreso, la Corte Suprema, el poderoso sector empresarial y los militares de violar la Constitución con su iniciativa de cambiarla para habilitar, según ellos, la reelección presidencial.
Ganadero liberal de 57 años, Zelaya, quien lleva siempre sombrero y botas de vaquero, despertó la ira del sector empresarial con políticas de corte social, tras haber virado a la izquierda a mitad de su mandato de cuatro años y aliarse con el presidente venezolano Hugo Chávez.
La comunidad internacional condenó a un sola voz el golpe de Estado, aisló diplomáticamente al gobierno de Micheletti, le congeló créditos y recortó préstamos y cooperación, incluido Estados Unidos, principal socio comercial de este país de 7,6 millones de habitantes y niveles de pobreza de más de 60%.
Pero Micheletti, empresario de transportes de 66 años, quien era amigo, correligionario de Zelaya y presidente del Congreso durante el golpe, prestó oídos sordos a los reclamos internacionales, incluso a la advertencia de un desconocimiento de las elecciones si se realizan bajo su régimen.
Tras frustrados intentos de Arias y la Organización de Estados Americanos (OEA) por presionar por una salida a la crisis, Zelaya intentó volver a su país en avión y por la frontera con Nicaragua, pero el cerco militar no lo permitió.
La mañana del lunes 21 de septiembre apareció ante las cámaras desde el jardín de la embajada de Brasil en Tegucigalpa, tras ingresar en secreto a su país para presionar una salida a la crisis, la peor en dos décadas en Centroamérica.
Refugiado en la embajada, rodeada por cientos de militares y policías antimotines, Zelaya movilizó de nuevo a la comunidad internacional y desde hace poco más de una semana una misión de la OEA supervisa una mesa de diálogo, instalada por una delegación de cancilleres del continente y el secretario general José Miguel Insulza.
Su retorno provocó manifestaciones masivas en favor y en contra. El régimen de facto estableció toques de queda y suprimió las libertades de reunión, movimiento y prensa, provocando mayor rechazo internacional.
De hecho, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció este viernes que las autoridades hondureñas de facto bloquean la investigación a abusos a los derechos humanos que una unidad de la Fiscalía realiza desde el golpe de Estado de junio.