El Estado aún no percibe los recursos que adeudan 42 empresas dedicadas a minería por concepto de regalías, mientras la mayoría de alcaldes de los municipios donde se realizan las actividades extractivas desconocen los beneficios que deberían recibir sus comunidades por dicha actividad.
lahora@lahora.com.gt
El Ministerio de Energía y Minas contabiliza desde el año 1993 al 2008, un total de 4 millones 135 mil quetzales en regalías pendientes de ser canceladas por empresas dedicadas a actividades extractivas.
La suma es parecida a la asignación que este año se fijó en el presupuesto, para pagar las Cuotas de Organismos Nacionales e Internacionales, las cuales sobrepasan los 4.3 millones de quetzales.
Un informe al que La Hora tuvo acceso, refiere que 26 empresas deben Q2.68 millones por concepto de regalías, mientras que otras 16 adeudan Q1.45 millones por el complemento que resulta de sus actividades extractivas.
La Ley de Minería establece las regalías como una compensación económica que se paga al Estado por la explotación de productos mineros o de materiales de construcción, no considerada como un tributo.
Por otra parte, el cobro por complemento responde a los ajustes realizados por no haber pagado en su totalidad las regalías en un periodo de tiempo determinado, o bien por contar con una ampliación en el espacio territorial para la extracción.
El ministro de Energía y Minas, Carlos Meany, refiere que son varias las razones que explican el incumplimiento de las 42 empresas mineras para efectuar el pago correspondiente en concepto de regalías para el Estado.
Algunas empresas no cancelaron mínimas deudas luego de dejar de operar en el país, otras acumulan el compromiso de pago y lo harán efectivo a final de año, y también están las empresas que se retrasan en el pago, con plena conciencia del incumplimiento de sus obligaciones.
«El incumplimiento en el pago de regalías es un tema importante, pero aún más importante es hacer una revisión de las tasas que se cobran a las empresas mineras (…) es necesario hacer ajustes que favorezcan a los ingresos económicos para las comunidades», refirió Meany.
DESINFORMACIí“N
De acuerdo con la legislación vigente, las compañías mineras deben pagar, en calidad de regalías, el 1 por ciento del valor de los metales extraídos en el territorio nacional.
La mitad de los fondos provenientes de las regalías minerías se destinan al Estado, mientras que la otra mitad debería dirigirse a las municipalidades correspondientes a los territorios donde se realizan las actividades extractivas.
No obstante, algunos alcaldes no tienen conocimiento de las regalías que deberían percibir las municipalidades por la extracción de metales en sus tierras; incluso, la mayoría de jefes ediles entrevistados por este vespertino se mostraron confusos ante la información solicitada sobre las actividades de minería.
Uno de estos casos es evidente al consultar a Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla, pues indicó desconocer la presencia en su municipio de una empresa minera, que posee un derecho extractivo y que adeuda una cantidad de Q914 mil en regalías.
«La única empresa que paga regalías, y las paga a Guatemala, es una cementera», aseguró Medrano. «Voy a investigar sobre esta minera porque nunca había escuchado ese nombre», dijo sorprendido.
Una respuesta similar se obtuvo al consultar a Edwin Rueda, alcalde del municipio de Jalpatagua, Jutiapa. «Como alcalde llevo dos periodos y dos más en el Concejo Municipal, y nunca hemos recibido nada», dijo.
En Jalpatagua se realizan trabajos de extracción minera por la misma empresa que funciona en Mixco, pero el alcalde asegura que no ha escuchado que se esté trabajando en minería dicho municipio, por lo que debido al desconocimiento de la situación, no se han realizado acciones para exigir las regalías que les corresponden.
LA FALTA DE PAGO
Otro de los municipios a los que se les adeuda una gran cantidad de dinero es Oratorio, en el departamento de Santa Rosa; allí trabaja una empresa dedicada a la fabricación de inodoros, pero a decir de Abel Sandoval, alcalde del municipio, hace aproximadamente ocho o diez años no se les hace efectivo el pago de las regalías.
«La empresa tiene más o menos diez años de no pagar ni un centavo», dijo Sandoval, y añadió que considera la cantidad que se adeuda a la comuna como una «miseria» y que pagan «lo que se les da la regalada gana», por lo que la municipalidad se ha resignado a no recibir la liquidación de la deuda.
Además, el jefe edil reconoce que el dinero, «aún siendo poco», ayudaría a solventar gastos administrativos de la Municipalidad y aseguró también que cuando se solicitó el pago de la deuda, la empresa se excusó en que «no han extraído material del municipio» y que por ello «no deben pagar».
Carlos Meany
Ministro de Energía y Minas
Arnoldo Medrano
Alcalde de Chinautla, Guatemala
Minor Orellana
Alcalde de Amatitlán, Guatemala
Pavel Flores
Frente Nacional contra la Minería
De los alcaldes entrevistados, únicamente Minor Orellana, del municipio de Amatitlán, reconoce que la Productora de Materiales de Construcción, Hincapié, S.A., (PROHINSA), lleva al día sus pagos.
«Yo pedí que me averiguaran sobre las regalías de las empresas mineras, y ellos me mostraron sus recibos donde estaban al día», asegura Orellana.
Esa revisión fue realizada hace cerca de tres o cuatro meses, por lo que el alcalde no pudo confirmar que ya se haya efectuado el pago en el último trimestre.
La cantidad percibida por la alcaldía de Amatitlán oscila entre Q60 y Q150; según las autoridades ediles, los fondos se invierten en obras comunitarias como el mantenimiento de alumbrado público y el pago de horas extra de los trabajadores de la Alcaldía.
Las empresas mineras no respondieron a las consultas realizadas por este vespertino, pese a que se intentó contactarles en varias oportunidades por vía telefónica.
En el marco de la revisión de la actual Ley de Minería, la cartera de Energía y Minas propone elevar la tasa de regalías de acuerdo a los precios estacionales de los productos mineros.
Por ejemplo, se establecerían regalías en el orden del 7 por ciento cuando el precio de la onza de oro se encuentre entre 1 y 900 dólares. Si sobrepasa ese precio, en la diferencia sobre los $900 se cobrará el 50% de regalías.
«Se trata de establecer un sistema razonable y a la vez competitivo», dijo Meany, quien además propone la creación de un fondo minero para fomentar el ahorro y la inversión en las comunidades rurales donde se llevan a cabo actividades mineras
En contraste, organizaciones ambientalistas y líderes campesinos proponen elevar y fijar en 50 por ciento la tasa de regalías que deben pagar las empresas extractoras, además de imponer a éstas restricciones en el uso del agua y en los recursos químicos.
Pavel Flores, del Frente Nacional contra la Minería, estima que las actividades mineras deben trasladar la mayoría de sus beneficios a las comunidades rurales donde se localizan los metales.
«Los metales son propiedad del Estado y prácticamente se los están regalando a las empresas con ridículas tasas de regalías», enfatizó Flores.
En cuanto a la nueva Ley de Minería, el activista considera que las actividades a «cielo abierto» deberían estar prohibidas en su totalidad, en tanto que representan un impacto severo para el medio ambiente.
Sobre el desconocimiento de los alcaldes en torno al acceso a las regalías, Meany asegura que hace falta personal capacitado para asesorar a los jefes ediles, acerca de «los beneficios» a los que tienen derecho con las regalías.
De esa cuenta, resaltó que en conjunto con la Universidad Galileo, se trabaja en la instalación de las carreras de ingeniería en minería e ingeniería en petróleos, para formar a especialistas técnicos que en un futuro puedan asesorar en el tema de regalías tanto a las empresas privadas, como a las alcaldías.
«Es importante contar con profesionales capacitados que puedan aportar su capacidad para impulsar el desarrollo a través de la explotación de recursos», reafirmó el funcionario.
Los jefes ediles que fueron consultados por La Hora coincidieron en que el desconocimiento sobre las actividades mineras que se realizan en sus comunidades, y la falta de comunicación con las autoridades del Ejecutivo sobre los beneficios que representan las regalías, son la causa de la conflictividad que ocasiona la minería cuando no se tiene información clara de los beneficios de esta actividad.