Si la intención de la nueva Corte Suprema de Justicia es, en realidad, enfrentar la crisis del sistema y combatir la impunidad, no hay apoyo más grande que se le pueda dar que el de la permanente fiscalización y control del trabajo de los operadores de justicia en todo el país y a todo nivel. En otras palabras, los magistrados necesitan ahora más que nunca del empeño de la sociedad para evitar que los poderes ocultos sigan metiendo las manos en los procesos judiciales y de esa manera rescatar la legalidad en el país.
Los guatemaltecos somos dados a la indiferencia y únicamente cuando sentimos que el agua nos llega al cuello actuamos. Por eso es que han sido cíclicas las muestras de participación popular, siendo de las más notables la que se dio en 1920 cuando, al fin y después de 22 años, se produjo el cansancio de la gente para levantarse contra Estrada Cabrera. En 1944, transcurridos catorce años desde que Ubico se entronizó en el poder con reformas constitucionales del estilo de las de Chávez y Uribe, el pueblo pasó del pánico al ataque, según las legendarias palabras de Manuel Galich. Y en los años 60 y siguientes, después de la sucesión de dictaduras militares, se produjo la gran insurrección que llegó a tal nivel en los años 80 y que culminó con la Firma de la Paz.
Pero desde que se suscribió ese acuerdo los poderes ocultos encontraron acomodo en el sistema y se han ido haciendo fuertes en la estructura constitucional de 1985 que ya tenía un diseño orientado a favorecer a esos poderes fácticos y paralelos, además de tenebrosos.
Ahora la población empieza a cobrar conciencia del problema y parte de los guatemaltecos actuaron con determinación en el proceso de elección de magistrados, crucial para romper esa hegemonía de los poderes clandestinos. El apoyo invaluable de la CICIG terminó siendo decisivo para romper los acuerdos ya suscritos entre el partido de gobierno, evidenciando así sus reales y verdaderos compromisos, y quienes han tenido a su cargo el control del sector justicia en nombre de los poderes ocultos.
Ahora podemos tomar el camino tradicional de enconcharnos en la indiferencia, pensando que ya se hizo el trabajo, o podemos continuar el deber cívico de participar mediante una fiscalización propositiva y constructiva, para asegurar que la justicia no sea burlada por los operadores que tienen compromiso con las fuerzas tenebrosas de la impunidad. Nosotros en La Hora asumimos públicamente el compromiso de seguir participando en el proceso y trataremos de incentivar a la población porque entendemos que sólo eso sirve para rescatar un sistema agonizante.