A criterio de diferentes sectores del país, los 13 nuevos magistrados que han sido nombrados para integrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tienen una tarea cuya prioridad es fundamental: resolver los antejuicios contra funcionarios públicos en el menor tiempo posible.
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Los magistrados salientes no pudieron declarar con lugar el antejuicio contra diputados y funcionarios, ya que recursos de recusación, interpuestos en su contra, paralizaron los procesos. Pese a la frivolidad de las recusaciones, éstas tardan en promedio dos meses en ser declarados o no con lugar.
Entre los antejuicios que están esperan una resolución definitiva por parte de la CSJ se encuentran los de los diputados Rubén Darío Morales y Aníbal Salguero, cuyos procesos permanecieron más de un año en trámite; y contra Paul Gómez Cristiani, también legislador; entre otros como el interpuesto contra í‰dgar Rodríguez, ministro de Trabajo, por no autorizar la reinstalación de una persona destituida.
RECUSACIONES
Luis Fernández Molina, hoy ex magistrado de la CSJ, opinó que debido a que las recusaciones son interpuestas contra las personas que integran un Tribunal o una Cámara, al cambiar éstas, las citadas acciones pierden materia y dejan de tener razón.
«Las recusaciones dejan de tener materia y respecto a la nueva Corte, esta entra en limpio y sería una de las primeras tareas que debería tener: resolver estos antejuicios que ya han tenido cierto tiempo estancados», sugiere el experto en derecho.
Fernández Molina explica que las recusaciones que fueron interpuestas durante la anterior gestión atendían a supuestos «pronunciamientos, declaraciones o anticipos de los magistrados», y que el hecho que los nuevos togados no han hecho ninguno de estos, es un panorama ideal para resolver esas acciones.
PRIORIDAD
Javier Monterroso, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, opina que hay una serie de tareas que la actual CSJ debe tener como prioridad en su agenda: «elegir presidente, integrar las Cámaras, Penal, de Amparos y Civil, empezar a conocer los antejuicios como una prioridad», declaró.
«Una de las estrategias dilatorias de los abogados para retardar los casos son los amparos, los conflictos de jurisdicción y las recusaciones, y eso no va a cambiar hasta que no sean sancionados por el Tribunal de Honor, los juristas que se presten para este tipo de litigios», recomendó el analista experto.
Eduardo De León, analista de la Fundación Rigoberta Menchú, opinó: «Del retraso en esas resoluciones se deriva la impunidad, y son los nuevos magistrados los responsables de enviar un mensaje a la ciudadanía de que no van a caer en las trampas de las medidas dilatorias y que van a resolver cuanto antes y conforme a derecho», declaró.
De León expresó finalmente que si la nueva CSJ no tomara como una prioridad la resolución definitiva de esos procesos, «enviarán un mensaje de mayor desesperanza y pesimismo total sobre la posibilidad que el sistema de justicia opere con prontitud y apegado a derecho», enfatizó.
Ruben Darío Morales: el diputado independiente sindicado de haber recibido Q300 mil en comisiones por una inversión de Q16.5 millones del Legislativo en Mercado de Futuros, S.A. (MDF), en 2007, cuando era presidente de ese organismo. El congresista recusó a ocho magistrados de la anterior CSJ.
Paul Gómez Cristiani: ex diputado del Partido Patriota; es sindicado de haber pretendido inducir a la prostitución a dos adolescentes. El juez pesquisidor de su antejuicio recomendó retirarle la inmunidad y remitió el expediente a la CSJ, donde se estancó por una recusación contra Beatriz Ofelia de León, la cual fue interpuesta en el último momento.
Aníbal Salguero: diputado independiente, propietario del bus accidentado en la curva El Chilero; en febrero del año pasado, donde murieron 56 personas; el MP lo sindica de uso de documentos falsificados, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria.