A casi seis meses de la firma del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, únicamente siete de los 101 puntos se han cumplido a cabalidad. Además, un 20 por ciento de ellos aún no se han empezado a ejecutar. Así lo aseguró Francisco Jiménez, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad.
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Los 101 compromisos que conforman este acuerdo -de los cuales 48 están a cargo del Organismo Ejecutivo-, tienen como objetivo romper con la impunidad en la impartición de la justicia y mejorar los niveles de seguridad del país.
Sin embargo, hasta ahora sólo siete de esos puntos han sido cumplidos y un porcentaje significativo no se han iniciado; esto se debe, según el Secretario Técnico, a que la mayoría de compromisos generan procesos que requieren tiempo en su ejecución. Además, existe interconexión entre éstos, por lo que, sin el cumplimiento de unos, no se puede dar inicio a otros.
Para Rolando Yoc, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la firma de este acuerdo es básico y significativo, pero reconoce que para el cumplimiento del compromiso que adquirió el Estado, por medio de sus tres organismos, es necesario realizar mayores esfuerzos y crear así condiciones de desarrollo integral para todos los guatemaltecos.
ANTECEDENTES
El convenio fue firmado y aceptado el 15 de abril pasado, por ílvaro Colom, presidente de la República; Roberto Alejos, presidente del Congreso de la República, y el entonces presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, Rubén Eliú Higueros, además del fiscal general Amílcar Velásquez Zárate.
Asimismo, se estableció la supervisión de cuatro instituciones que conforman el grupo garante, o G-4; éstas son la Universidad de San Carlos de Guatemala, Procuraduría de los Derechos Humanos, Alianza Evangélica de Guatemala y la Iglesia Católica.
A decir de Yoc, el equipo técnico de cada una de estas instituciones está generando las evaluaciones respectivas sobre el proceso en el cumplimiento de los puntos.
DISTINTAS OPINIONES
Rolando Yoc dijo que el cumplimiento de estos pocos compromisos refleja que las prioridades del Estado no han sido encaminadas a reducir, de una manera significativa, los niveles de criminalidad, esto, desde el nivel común hasta crimen organizado.
El entrevistado añadió que el poco avance en el tema demuestra que existen algunas áreas responsables de la seguridad ciudadana que tienen que ser replanteadas. Agregó que la preocupación por la falta de cumplimiento de la gran mayoría de compromisos es grande dentro de la PDH, pero que la institución ha decidido dejar un tiempo prudencial de espera para que los poderes del Estado presenten el informe de lo realizado hasta ahora.
Este tiempo se dan, según el representante de la PDH, para que los firmantes no se excusen con que fueron distraídos o presionados por su supervisión.
Por otro lado, Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, señala que el poco porcentaje de acuerdos cumplidos se debe a que solo algunos de ellos fueron priorizados, ya que no todos pueden ser ejecutados en tan poco tiempo.
«Nosotros estamos integrando una unidad de seguimiento y tratamos de que se cumpla por lo menos con los puntos que fueron priorizados», dijo Rodenas.
El representante del Arzobispado dijo que dentro de los puntos más urgentes en los que se debe trabajar se encuentra la reforma a la Policía Nacional Civil, la creación de un ministerio de seguridad, el mejoramiento en la política sobre criminalidad y la reforma al Sistema Penitenciario.
Al respecto, Francisco Jiménez dice que es precisamente en estos puntos donde ya se han obtenido avances significativos.
Nery Rodenas dijo, además, que mientras ellos no cuenten con un informe oficial no pueden evaluar el proceso, por lo que se encuentran a la espera de recibir la información durante la presente semana. Coincidentemente un segundo informe sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos será presentado el próximo viernes 16 en las instalaciones del Ministerio Público.
La firma del acuerdo se realizó en la gran sala del Centro Cultural Miguel íngel Asturias, al acto se hicieron presentes congresistas, comunidad internacional, líderes empresariales, líderes religiosos, cooperativistas, organizaciones sociales y otros personajes de la vida nacional.
Este contiene los pasos, políticas y compromisos que los tres organismos del Estado deben ejecutar para que exista armonía entre las instituciones de seguridad y los administradores de justicia, además presenta las acciones para combatir los flagelos de la sociedad y garantizar la vida.
El acuerdo contempla, a grandes rasgos, la acción pública, investigación, inteligencia, legislación, fiscalización y administración de justicia para cumplir cada uno de sus aspectos.