Es cierto que al final de cuentas la Ley de Comisiones de Postulación dejó en completa libertad, tanto a los postuladores como a los diputados, a elegir cualquier candidato sin tomar en consideración el punteo obtenido, pero aún así­, se esperaba una actitud un poco más «honorable» de las y los diputados para elegir a los mejores entre los peores.

Sin embargo, los que más puntos obtuvieron fueron los que menos votos recibieron. Los malos, los menos especializados, los que consiguieron un rotundo cero en méritos éticos y probidad, en méritos profesionales, experiencia y desempeño profesional, en méritos de proyección humana y en meritos académicos, fueron considerados como los más capacitados dentro del hemiciclo para dirigir la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial.

Así­ que no fue un capricho de la sociedad civil levantar la voz en contra de la decisión de las bancadas lideradas por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que intentaban integrar una CSJ acorde a sus necesidades y a favor de perpetuar la impunidad en el paí­s y que además, como lo señaló Carlos Castresana, también respondí­an a los intereses del empresario Roberto López Villatoro.

Sumado a eso, en una rabieta tí­pica de la soberbia que otorga el mal manejo del poder, el diputado eferregista Luis Fernando Pérez recomendó a todos los que nos opusimos a los resultados de la elección a que formáramos un partido polí­tico para que pudiéramos incidir en decisiones tan importantes como la designación de los nuevos encargados del Poder Judicial.

Estas declaraciones sólo demuestran una estrechez del pensamiento polí­tico del parlamentario y de la concepción que tiene sobre la democracia. Parece que para el diputado Luis Fernando Pérez, la única manera de participación ciudadana es la emisión de voto cada cuatro años, y fuera de eso nada más. Quizá serí­a bueno recordarle que los personeros del Estado son representantes y no delegados de la soberaní­a, que finalmente radica en el pueblo.

Entre todo, es claro que la Ley de Comisiones de Postulación generó una expectativa mayor de lo que se podí­a esperar realmente. Sin embargo, el interés por el fortalecimiento de la justicia es un tema que deberí­a interesar a toda la población.

Bastante permeados estamos con las prácticas oscuras de los actuales partidos polí­ticos, que lejos de pensar en el bien común, como lo señala la Constitución Polí­tica de la República, responden a intereses de grupos que se encuentran empecinados en hacer de esta sociedad una jungla y no un lugar apto para la convivencia de los seres humanos.

*El asesinato del joven Orlando Boror, de 19 años, que fue acribillado ayer mientras participaba en una movilización campesina es una muestra más de la injusticia que se vive en el paí­s y de la irresponsabilidad de algunos medios de comunicación que se confabulan para desinformar.

A través de sus agendas mediáticas criminalizan la lucha social y, bajo la excusa de no poder «filtrar la información», construyen imaginarios sociales en donde un sector de la población (en este caso los campesinos) son «bandoleros inconformes que no hacen nada más que fastidiar la tranquila vida de la ciudad».

Ojalá dejemos por un lado el doble discurso y, además de señalar las prácticas nefastas de algunas personas que ocupan cargos en instituciones del Estado, veamos nuestro alrededor y nos demos cuenta hasta dónde la impunidad nos ha fastidiado la existencia y el plan de construir una sociedad democrática y en paz.