En opinión de algunos, la pretendida fiscalización del trabajo de jueces y magistrados que se proponen distintos sectores de la sociedad, constituye una amenaza a la independencia de los administradores de justicia y un riesgo porque las presiones de la opinión pública podrían socavar la aplicación imparcial y objetiva de la Ley. Empecemos por ser honestos y digamos que nuestra justicia no está en riesgo por la vigilancia que puedan ejercer quienes quieren fiscalizarla, sino está hecha pedazos por la falta de ética de los administradores de justicia que están vendidos a los poderes ocultos.
ocmarroq@lahora.com.gt
Si no admitimos esa premisa fundamental, estamos pasando por alto la más lacerante realidad de nuestro sistema de justicia. No se trata de calificar el trabajo de jueces y magistrados que se distinguen históricamente por su probidad y equilibrio en la aplicación de la Ley, sino que estamos frente a uno de los peores sistemas del mundo, con tasas de impunidad arriba del 95 por ciento y eso en delitos contra la vida, no digamos en casos que se refieren a corrupción y otro tipo de delitos. Entonces, ante esa situación que no es invento de nadie sino que es una realidad absoluta, con qué boca nos piden que los ciudadanos nos hagamos babosos y dejemos que los jueces hagan su trabajo sin presiones, sin fiscalizaciones y sin objeciones de la ciudadanía.
Por supuesto que uno entiende quiénes piden ese «respeto a la independencia de jueces y magistrados», porque se trata de los que durante años han sido cómplices en la creación de un modelo de impunidad sin parangón en el mundo. Se trata de quienes, como los que negociaron el manoseo de la elección de magistrados, han hecho de las fallas del sistema su gran ventaja y beneficio porque les permite operar sin el miedo o temor a que algún día se les aplique la ley.
En otros países no se elige a un magistrado sin antes revisar sus actuaciones como juez y determinar minuciosamente si ha sido respetuoso de la Ley. Cierto que hay criterios para aplicar las normas y que no se trata de una materia que permita exactitud de resultados, porque hay interpretación, pero una cosa es interpretar de buena fe y otra es manosear los casos para asegurar que los encartados salgan libres, como ocurre en Guatemala. La revisión de las resoluciones judiciales es importante porque en ellas se puede ver si alguien honestamente hizo una interpretación a lo mejor errada o si manoseó las normas para beneficiar a los criminales. Eso se puede establecer en muchos casos con relativa facilidad, especialmente cuando se trata de otorgar medidas a favor de los delincuentes para evitar que vayan a la cárcel.
En condiciones ideales los jueces tienen que resolver sin presión pública y atenerse únicamente a la majestad de la Ley. Pero en un país con las condiciones lamentables de nuestra justicia, donde todo es manoseo, componenda y arreglos bajo la mesa, como los de la UNE con los tenistas, es obligado que la población se mantenga alerta, vigilante y firme para impedir que se cometan abusos y se siga prostituyendo el derecho y, de paso, aniquilando las instituciones que deben ser garantes de la pacífica convivencia.