La propuesta de una comisión especial del Congreso peruano para legalizar el aborto en casos de violación sexual o si se trata de fetos con malformaciones congénitas provocó el rechazo del gobierno y de la Iglesia Católica, además de un fuerte debate al interior del Parlamento.
La decisión adoptada por una comisión especial revisora del Código Penal peruano recibió de inmediato el rechazo del gobierno a través del ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien dijo no está «de acuerdo con esa posición».
«La posición del sector Justicia es no a la despenalización del aborto», dijo el ministro y anunció que pedirá explicación a sus comisionados que votaron a favor de la legalización, «que es contraria a la posición del ministerio».
El polémico proyecto plantea el aborto eugenésico, llamado de esa forma porque interrumpe la vida de un feto con graves malformaciones congénitas, taras físicas o psíquicas que hayan sido comprobadas por un médico especialista. Igualmente se incluye el aborto por violación sexual.
La actual legislación peruana considera delito todas las interrupciones de embarazos salvo el denominado terapéutico, que se realiza para salvar la vida de la mujer gestante o para evitar un daño permanente en su salud física o mental.
«Considero que se ha dado un paso importante» en el Congreso, afirmó a la prensa Gina Yáñez, directora la ONG Manuela Ramos, que precisó que en Perú muchas mujeres recurren al aborto clandestino arriesgando sus vidas porque se los practican sin las mínimas condiciones de salubridad.
Las entidades feministas estiman que anualmente en Perú se producen 376.000 abortos, la gran mayoría en condiciones inseguras, y señalan que la violencia sexual aqueja a no menos del 22% de las mujeres en la capital peruana.
La legisladora de la conservadora Unidad Nacional, Lourdes Alcorta, también se mostró a favor «porque en el Perú se producen miles de abortos cada año con todo el riesgo que implica. Además ayudará a poner freno a casos como el de una niña de 8 años que fue violada y ahora está embarazada».
Contraria a esa opinión, la legisladora de derecha Fabiola Morales señaló que despenalizar el aborto eugenésico y por violación sexual «es un atentado flagrante contra la vida» y que «nadie tiene derecho de decidir sobre la vida de otra persona».
La Iglesia Católica, a través del cardenal Juan Luis Cipriani y de la Conferencia Episcopal, se ha pronunciado contra cualquier tipo de aborto y su defensa de la vida del ser humano desde su concepción.
«El derecho a la vida no está subordinado ni a los individuos ni a los padres, ni se trata de una concesión del Estado», dijo monseñor José Antonio Eguren, presidente de la Comisión de Familia, Infancia y Vida de la Conferencia Episcopal.
«Â¿Quién puede afirmar que los minusválidos no desean vivir?», se preguntó el padre Eguren.
El abogado penalista Mario Amoretti pidió reflexión y mayor análisis porque advirtió: «Â¿qué pasa si una mujer adulta dice que fue violada y aborta, luego se conoce que mintió?».
La propuesta acordada por la comisión especial fue presentada al presidente del Congreso para que éste decida si será debatida en el pleno para su aprobación o rechazo, o si la remite a la comisión de Constitución para su revisión.