Los mensajes contrapuestos del gobierno de Barack Obama frente a la crisis de Honduras ponen de relieve un equipo diplomático aún «lisiado» y la ausencia de una política clara de Estados Unidos para América Latina, señalaron analistas este jueves en Washington.
«Se necesita mayor profundidad y mayor control sobre la política exterior estadounidense hacia la región, en términos de tener un mensaje consistente», señaló Steven Clemons, director del programa de estrategia del centro de análisis New America Foundation.
Es imperativo evaluar «el nivel y la calidad de la atención que le prestamos a la región», dijo Clemons, durante una teleconferencia sobre la crisis en Honduras.
A casi nueve meses de haber asumido la presidencia, Obama no ha podido renovar el cargo más importante para América Latina en el Departamento de Estado.
La confirmación del candidato de Obama, Arturo Valenzuela, como subsecretario para América Latina del departamento sigue pendiente en el Senado, donde el republicano Jim DeMint la mantiene bloqueada al oponerse precisamente a la condena de la administración Obama al golpe en Honduras.
A las pocas horas de sucedido el golpe de Estado que el 28 de junio derrocó al presidente Manuel Zelaya, Obama lo rechazó y pidió la restitución del mandatario.
Algunos legisladores republicanos, encabezados por DeMint en el Senado y por la cubanaestadounidense Ileana Ros-Lehtinen en la Cámara de Representantes, afirman que Zelaya -a quien vinculan al presidente venezolano, Hugo Chávez- violó la constitución y que su salida fue legal.
Ciertas declaraciones emanadas del Departamento de Estado a lo largo de la crisis en Honduras han levantado interrogantes.
Tras el primer intento de Zelaya de retornar a Honduras en un avión, funcionarios del departamento afirmaron que esa acción ponía en riesgo la mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias.
Luego, cuando el mandatario buscó cruzar la frontera a pie desde Nicaragua, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, lo calificó de imprudente.
La semana pasada, el representante de Estados Unidos en la OEA, Lewis Amselem, calificó el retorno clandestino de Zelaya a Honduras, donde se mantiene refugiado en la embajada de Brasil, de «irresponsable e idiota».
Este arrebato llevó a que «la gente se preguntara cuál es la política de Estados Unidos», dijo el analista Clemons.
El portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, rechazó este jueves insinuaciones de que el gobierno de Obama haya sido ambiguo frente a la crisis en Honduras.
«No creo que esta administración le esté dando largas a este tema. Hemos tenido un principio consistente de apoyar la idea del orden constitucional», señaló Kelly a periodistas.
«Hay muchas ambigí¼edades alrededor de esta situación», porque las posiciones se enfrentan dependiendo de si se simpatiza o no con las políticas que adelantaba Zelaya en Honduras, dijo Doug Cassel, profesor de derecho de la universidad de Notre Dame.
En el gobierno de Obama sigue habiendo funcionarios que provienen del gobierno anterior del republicano George W. Bush y su equipo «está lisiado», sin la confirmación del subsecretario para América Latina, explicó Clemons.
Y republicanos como DeMint «se aprovechan de esta situación, cuando de hecho han ayudado a evitar que el gobierno tenga una política consistente», añadió.
El diario New York Times reportó este jueves que una operación de relaciones públicas adelantada por el régimen de facto de Honduras «tuvo el efecto de obligar al gobierno (estadounidense) a enviar señales contradictorias al gobierno de facto».
Mientras, Zelaya y mandatarios de la región, como el venezolano Hugo Chávez y el boliviano Evo Morales, han acusado a sectores de la derecha estadounidense de estar detrás del golpe de Estado en Honduras.
Las libertades civiles siguen limitadas en Honduras, pese a que el gobierno de facto derogó hace tres días un decreto que las restringía, denunciaron ayer autoridades judiciales y activistas políticos.
«La situación es muy grave, se ha creado una nebulosa jurídica porque la resolución que suspende el decreto no ha sido publicada en La Gaceta (diario oficial) y la Corte Suprema de Justicia tiene parado el conocimiento de muchos Recursos de Amparo» dijo la fiscal de derechos humanos, Sandra Ponce.
La fiscalía «ya ha agotado internamente todo lo que puede hacer», aseguró Ponce, quien no descartó acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que valore la situación.
Al amparo del decreto, emitido hace cerca de dos semanas por el gobierno de facto, se ha impedido a los opositores hacer manifestaciones públicas y se cerraron los dos únicos medios abiertamente opuestos al régimen, la radioemisora Globo y el canal 36 de televisión.
El presidente de facto, Roberto Micheletti, resolvió derogar el decreto el pasado lunes, a solicitud del Congreso, el Tribunal Supremo de Elecciones y los partidos políticos, que expresaron su temor de que se vieran afectados los comicios previstos para el 29 de noviembre próximo.
Sin embargo, las medidas restrictivas se siguen aplicando con el argumento de que el decreto no ha sido publicado en el diario oficial, por lo que sigue vigente.
El ministro de la Presidencia, Rafael Pineda, explicó que el retraso en la publicación del nuevo decreto se debe a que la rotativa del periódico se descompuso, pero no hizo ninguna estimación sobre cuándo será resuelto el problema.
«Lo más grave de todo, es que se mantienen cancelados los dos medios de comunicación, en detrimento de los derechos de expresión del pensamiento y de acceso a la información», dijo la fiscal.
Ponce afirmó que el decreto que restringió las libertades públicas violó claramente la Constitución, «que excluye a los medios de comunicación del catálogo de derechos que pueden ser suspendidos o restringidos».
El dirigente popular Rafael Alegría aseguró que el levantamiento del decreto no fue más que «un acto de apariencia, para hacer creer al pueblo hondureño y la comunidad internacional que la situación política del país se estaba normalizando».
«En la práctica los derechos de movilización y expresión siguen siendo negados al pueblo», dijo.
Este jueves, la Policía impidió a cientos de seguidores del depuesto presidente Manuel Zelaya desfilar hacia el céntrico hotel donde se llevan a cabo negociaciones en busca de una salida a la crisis política del país, con la supervisión de un grupo de cancilleres y altos funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los manifestantes se dispersaron en pequeños grupos y poco después se volvieron a reunir frente al hotel, tomando desprevenidos a los policías que vigilaban el sitio.
El Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado, que aglutina a numerosas organizaciones sociales y políticas, organiza protestas nocturas en los barrios y colonias de la capital y otras ciudades para eludir la represión policial.
Los activistas levantan barricadas, golpean cacerolas y hacen sonar silbatos para expresar su descontento y exigir la reinstalación del presidente Zelaya.