Obviamente la mayoría de ciudadanos, de los grupos de la sociedad civil y la CICIG, la elección de los nuevos magistrados que estarán conformando la próxima Corte Suprema de Justicia se ganó a medias, pues de seis candidatos que fueron señalados por diversas causas como no aptos para llegar a ocupar tales posiciones, sólo tres, es decir, el 50%, debido a esa movilización de muchos sectores y en la cual los medios de comunicación tuvieron un importante papel, fueron excluidos del listado de candidatos. Esta batalla se ganó a medias, pero, y esto es lo más importante, vienen otras más que son vitales para el restablecimiento del Estado de Derecho y el combate a la impunidad y respeto a los derechos humanos.
En un artículo anterior me refería a que la importancia para el gobierno, sus funcionarios y diputados de tener una corte y salas de apelaciones afí¬nes, consistía, entre otras cosas, en que dentro de la estructura jurídica, son estas instancias de mayor jerarquía que pueden aceptar y declarar con lugar una apelación o un recurso de casación, fuera de conocer antejuicios de diversos funcionarios, incluyendo a los propios diputados.
Pero quizás ahora, lo más importante es lo que se avecina a corto y mediano plazo. La elección de Fiscal General de la República, del Contralor de Cuentas de la Nación, el Procurador de los Derechos Humanos y FUNDAMENTALMENTE, LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD que es la única entidad que puede interpretar y validar jurídicamente lo que la Constitución dice, incluyendo, si la señora Sandra Torres puede ser o no, candidata a la Presidencia de la República. (Como ocurrió con Ríos Montt que tuvo una Corte de Constitucionalidad en la que la mayoría de sus integrantes (4) le servían cínicamente de alfombra).
Nuestra Carta Magna señala otro procedimiento para elegir a estos importantísimos elementos del Estado, que, si la elección es politizada y mal hecha, destruirán totalmente al país y sus instituciones.
Empecemos con el contralor de cuentas, quien se supone debe fiscalizar todos los ingresos y egresos del Estado y de las personas (jurídicas o individuales) que reciban fondos públicos. En pocas palabras debe ser alguien que NO PERMITA QUE SE ROBEN LOS RECURSOS QUE LOS CIUDADANOS DAN AL ESTADO Y QUE NO EXISTA CORRUPCIí“N EN TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, AUTí“NOMAS, DESCENTRALIZADAS, ETCí‰TERA.
Lo elige, para variar, el Congreso de la República; sí, el mismo que eligió a la CSJ, de una nómina de seis candidatos presentados, otra vez, por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores, los decanos de las facultades que incluyan la carrera de contaduría pública y auditoría y un número equivalente del Colegio de Economista (ahora sustituyen a los abogados). Como ven es lo mismo.
En el caso del Fiscal General, quien nada menos es el máximo funcionario que dirige la persecución penal a través del Ministerio Público y es elegido por, nada menos también, por el Presidente de la República, el más político de los políticos, escogido de una nómina de seis candidatos presentados por una Comisión de Postulación integrada por el Presidente de la CSJ (quien preside), los decanos de las facultades de derecho, el presidente del Colegio de Abogados y el del Tribunal de Honor del mismo colegio. Es casi lo mismo, porque cinco serán de relleno pero seguro que uno de ellos será el escogido previamente por el ciudadano Presidente.
En el caso del Procurador, es la Comisión de Derechos humanos DEL CONGRESO, quien presenta al pleno del mismo CONGRESO, un listado de tres candidatos para que uno de ellos ocupe el cargo, posiblemente alguien que sea sumiso y no cause problemas, «ni desestabilice» al gobierno. (Es lo mismo sólo que peor).
Pero lo más determinante de todo es la elección de los magistrados de la nueva Corte de Constitucionalidad, cuyas funciones son exclusivas y de carácter extraordinario y cuyas resoluciones van más allá de las que pueda dictar un tribunal ordinario, incluyendo a la CSJ. Aquí los magistrados se eligen con la discrecionalidad y amplitud que la Constitución confiere a cada uno de los facultados para nombrar que son: un magistrado nombrado por el Presidente (que obviamente tendrá que ser su «cuate» del alma dispuesto a obedecerle); otro nombrado por el CONGRESO de la República (UNE y aliados); otro por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (dudas quedan); otro más por el Consejo Superior Universitario y un último designado por la Asamblea del Colegio de Abogados. El consejo superior y la asamblea del colegio al que pertenezco pueden ser susceptibles al «halago» de quienes estén interesados en que la máxima instancia jurídica de Guatemala quede en manos del partido oficial para lo cual correrá, mucha, pero mucha… agua bajo el puente.
Como ven los movimientos cívicos y la CICIG aún queda camino por recorrer, es decir, la batalla apenas ha comenzado, lo importante es no perder la guerra y que la INJUSTICIA no se detenga en la Corte Suprema, sino que no se permita que se cometa en estas otras instituciones.