Deliberadamente he guardado silencio porque gente muy calificada ha atendido el tema. Me da una gran satisfacción que casi todos los columnistas, en los diversos periódicos, se han pronunciado con gran valentía sobre el tema de la elección de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia.
Es preciso recocer y no cabe ninguna duda que el sistema de justicia, empezando por los Tribunales, está en crisis y que Guatemala necesita resolver este problema.
Con la aprobación de la Ley de Postulación se dio un paso adelante muy importante. El llamado a que la sociedad civil tuviera una participación en el escrutinio e integración de las comisiones de postulación, también fue un paso importante; sin embargo no todo tuvo la pureza y transparencia deseada y una clara expresión de ello fue la elección en el Colegio de Abogados en donde en forma muy evidente se vio como maniobra un sector de abogados que desde hace algunos años han querido tener el control de la Junta Directiva del Colegio. Se hizo la convocatoria y de inmediato numerosos miembros del grupo de los «malos» se presentaron como candidatos. Al decir «malos» no me refiero a maras, sino a abogados cuyo prestigio profesional y social deja mucho que desear. Las Comisiones de Postulación se integraron debidamente «infiltradas» por sujetos provenientes de un grupo que ha afectado gravemente el prestigio del Colegio de Abogados, por los intereses aviesos que persiguen. El grupo es conocido y la CICIG los ha identificado. Con esta grave «carga ética» la Comisión de Postulación empezó a trabajar y empezaron a introducirse unos malos postulantes, no obstante las denuncias hechas por la sociedad civil, concluyendo el proceso con la escogencia de 28 candidatos dentro de los cuales se colocaron unos manifiestamente indeseables y otros «menos malos» pero que también son merecedores de observaciones relacionadas con la ética. En estas condiciones llega la nómina de los 28 al Congreso de la República. Los guatemaltecos todavía teníamos la esperanza de que el Congreso de la República eligiera los 13 mejores dentro de los 28, pero no fue así y a través de una negociación amañada escogió a algunos de los peores. No ignoramos que el Congreso de la República es un órgano inminentemente político que trabaja en base a consensos, pero es inaceptable que en una clara maniobra integrara y votara por una planilla en la que están incorporados varios de los más descalificados que no reunían la característica de «reconocida honorabilidad» a que hace referencia el artículo 207 de la Constitución Política de la República. El concepto de «Reconocida honorabilidad» es amplio y no sólo se refiere a no haber sido condenado por un delito, sino se extiende a un comportamiento profesional vertical y un comportamiento social, familiar, laboral y empresarial sin mancha y sin objeciones importantes y esto es lo que no reúnen los objetados por la sociedad civil y la CICIG. El Congreso de la República en un intento de lavarse las manos le pide a la Corte de Constitucionalidad que le de lineamientos para actuar y ahora le corresponde a ésta darle los lineamientos. No deben olvidar los señores diputados que están en Sesión Permanente y que como consecuencia pueden legalmente revocar lo que en la misma sesión hayan resuelto y así tener la oportunidad histórica de, atendiendo el requisito de «reconocida honorabilidad», integrar la nómina de 13 con los más capaces y honorables.
Congresistas, no le fallen al pueblo de Guatemala, las conductas impropias las registra la historia y siempre tienen una sanción.